Una nueva discordancia entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso sobre la financiación del sellado del vertedero de Torrecilla, en Zaragoza, puede suponer que la capital reciba sanciones de la Unión Europea si no cumple con el plazo fijado. Y ya se va contrarreloj. Sería lamentable que la DGA no cumpla con los compromisos que ya adquirió en 2014 y sucesivos para costear la fase que queda por concluir en las obras. Las administraciones deben coincidir y, sobre todo, evitar las sanciones.