El concepto de pobreza energética suele asociarse al invierno, y las medidas que la Administración pone en marcha para ayudar a las personas con serios problemas para pagar la factura de luz, gas o agua, tienen una especial incidencia en épocas de frío. La reciente sentencia de primeros de julio contra Endesa solidifica los efectos de la ley 24/2015, que prohíbe a las compañías suministradoras efectuar cortes si se produce el impago por falta de recursos económicos. En Aragón, por ejemplo, en torno a 30.000 personas reciben el bono eléctrico. Y cuando pensamos en cortes, nos remitimos casi siempre a la calefacción, donde la vulnerabilidad de los sectores más amenazados por la pobreza se hace más visible.
Pero existe también pobreza energética en verano. Y no es menos dolorosa o acuciante, puesto que el calentamiento global es ya una notoria evidencia y provoca efectos devastadores en aquellos hogares que ven cómo peligran los mínimos indispensables para la existencia. No es una cuestión de más o menos comodidad sino una emergencia de salud. Sin embargo, en este caso no existen protocolos más allá de difundir un listado de recomendaciones.
Pero no se trata de un asunto menor.La falta de recursos ante las olas de calor (hay estudios que apuntan que un 10% de la población no puede mantener una temperatura adecuada en su vivienda) tiene consecuencias alimentarias, higiénicas y sociales de primer orden. Conviene recordarlo justo ahora, y en la perspectiva de un futuro ambientalmente amenazador.
