Es obvio que la corrupción no es cosa de unos pillos. Estamos ante una avalancha con tics de organización criminal, una masa informe con vida propia y un largo recorrido, tanto como que el púnico más conocido, Francisco Granados, mucho antes de ser consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid e incluso número 2 de Esperanza Aguirre, fue quien presidió la comisión de investigación del tamayazo, apestosa maniobra que terminó encumbrando en el año 2003 a la lideresa cazatalentos.

Las presunciones de desfachatez ocultan como hiedras las presunciones de inocencia. Por un lado, los medios en la diana: la causa abierta contra Ángel Acebes por compra de acciones de Libertad Digital con dinero B; o el alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), clamando contra el mensajero y no contra la fuente, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, más conocida como UDEF ("¡qué coño es eso de la UDEF!", decía Jordi Pujol).

Y por otro lado, la secuencia ofrecida por el Gobierno: primero con Pedro Morenés superando sus líneas de defensa ("Para Rajoy esto es una agonía"), y después otra dosis de la perplejidad crónica que acompaña al presidente y una lánguida petición de perdón. Eso sí, con su propio partido vetando una explicación parlamentaria. El silencio cínico como respuesta.

Hasta ahora los escándalos no han tenido coste electoral: en las municipales del 2007, el 70% de alcaldes imputados salieron reelegidos y en el 2011 ese porcentaje aún era del 58%; pero el CIS anunciado para esta semana puede disparar los porcentajes de Podemos y causar sendos terremotos en Génova y Ferraz. Y es que PP y PSOE, que otras veces han desgastado la palabra consenso en apaños cómplices, son incapaces ahora de sellar un creíble pacto anticorrupción. Y ojo porque el panorama empeora por momentos: Joaquim Bosch (Jueces para la Democracia) ha aprovechado para recordar las carencias estructurales del actual sistema judicial y la falta de voluntad política que afecta a la depuración y a la regeneración.

¿Quedan herramientas fiables? No es solo una cuestión legal o moral: la corrupción produce pobreza social. Cada día. Periodista