El Gobierno de Rudi no ha quedado bien con Zaragoza ni por cortesía. Aprobar a siete meses de las elecciones la ley de capitalidad que lleva diez años gestándose no es de recibo. Y mucho menos, que el Ayuntamiento de Zaragoza, prácticamente la única institución a la que le afecta el anteproyecto de ley, no haya sido ni consultada para la elaboración del texto. En el grupo de trabajo solo han estado PP y PAR, cuando lo lógico hubiera sido que el Gobierno de Zaragoza y los grupos municipales de la oposición hubieran participado en su elaboración.
