Las autoridades españolas y aragonesas (salvo el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch) no se acuerdan de que hay un jurista zaragozano, Esteban Peralta, secuestrado en Libia junto a otros tres compañeros de la Corte Penal Internacional. Es cierto que el embajador español en Libia está trabajando duro, pero se echa de menos una declaración institucional de los gobiernos español y aragonés. El ministro de Asuntos Exteriores, y el portavoz de la DGA, Bermúdez de Castro, deberían decir algo para apoyar, aunque sea, a la familia de Peralta.
