Hace un año el servicio de parques del Ayuntamiento de Zaragoza informaba de la necesidad de podar 23.000 árboles pero reconocía que solo estaba en disposición de actuar sobre 6.000. Y admitía que limitarse a la poda del 8% no sería justificablepor la seguridad. Así las cosas, el concejal del área paralizó la poda hasta recibir un informe detallado de la contrata sobre sus actuaciones. Seis meses tardó en recibirlo. El pulso por la municipalización del servicio y la transparencia de la concesionaria en la facturación de trabajos no andan lejos de este conflicto. El consistorio lo que debe es garantizar la seguridad y para exigir a la empresa que cumpla tiene que dotar suficientemente las contratas.
