Quienes vivieron los estertores del franquismo y los albores de la Transición recuerdan con espanto los meses finales de 1976 y los iniciales de 1977. En enero de ese año, el asesinato de cinco personas en un despacho de abogados laboralistas de Madrid por un comando de extrema derecha se sumó al secuestro de dos altas autoridades del Estado por el GRAPO y al aumento de las acciones de ETA . El atentado de Atocha parecía así el preámbulo del abortamiento de la anhelada democracia, pero el sentido de responsabilidad de la mayoría del antifranquismo, y muy singularmente del PCE, entonces aún ilegal, permitió superar esos meses dramáticos y avanzar hacia las plenas libertades. Conviene recordarlo ahora, cuando se cumplen 40 años de la matanza de Atocha, porque la Transición, pese a las innegables renuncias que supuso y a los errores que cometieron algunos de sus protagonistas, ofrece, vista con perspectiva, un balance positivo. Si hoy España no es como la querían entonces muchos ciudadanos, no es tanto culpa de lo que se hizo aquellos años como de lo que se hizo -o no se hizo- tiempo después. Como señala el único superviviente que queda de la matanza de Atocha, la democracia no llegó gratis a España, y algunos pagaron con su vida que fuera posible. Acordarse de ellos es un ejercicio de justicia y decencia.

El asesinato de dos agentes rurales en Aspa a manos de un cazador sin la licencia de armas en regla ha provocado una cierta alarma social y una polémica política de baja intensidad. Lo que se va sabiendo del presunto asesino es poco tranquilizador por lo que se refiere a los mecanismos de control de las personas que gozan del permiso para adquirir este tipo de armamento pues no da la sensación de ser una persona lo suficientemente responsable y con el necesario autocontrol. A este sensación de falta de filtros se le añade el hecho de que pudiera conservar su arma a pesar de haber perdido la licencia que necesitaba, de manera que da la impresión que hay una cierta desvinculación entre el control de los permisos y el de las guías de las armas.

Esta falta de control es sin duda mucho más importante que el pretendido debate sobre la titularidad de las competencias entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil para gestionar los permisos de armas, que se podría calificar de oportunista. Parece coherente exigir un control más estricto en los análisis sobre la personalidad y el equilibrio necesario de quien pretende adquirir un arma y sobre todo que exista la posibilidad de que salten las alarmas de forma inmediata y preventiva cuando alguien que ya dispone de ella no tenga en regla en permiso necesario para su mantenimiento, Y que haya medios para actuar en consecuencia.