Cada año todos los ministros y consejeros regionales de educación aprovechan el inicio del curso escolar para anunciar las mejoras que piensan introducir en el sistema educativo. Este inicio del año académico coincide, además, con la convocatoria de nuevas elecciones generales, lo cual debería dar como resultado un aumento de la letanía de promesas destinadas a una supuesta mejora de nuestro sistema educativo. Sin embargo, yo me temo que el grueso de la propaganda partidista se centrará en echar las culpas a los adversarios del grotesco desacuerdo gubernamental al que hemos asistido durante los últimos meses. Haya muchas o pocas promesas educativas en esta campaña electoral, la cuestión nuclear es dilucidar si de verdad interesa a los dirigentes políticos mejorar la calidad de nuestro sistema educativo.
Todos hemos escuchado mil veces que el primer requisito para lograr esa mejora es la firma de un gran pacto nacional por la educación, en el que se integren los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones de padres y madres. Es más que evidente que ese pacto no se ha producido jamás, lo cual demuestra que ninguno quiere que se lleve a cabo. Si como hemos visto en los últimos meses, los líderes políticos españoles constitucionalistas ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo para formar un gobierno de coalición, mucho menos lo van a ser para firmar ese pacto en un ámbito tan decisivo como es la educación para manipular las mentes de las futuras generaciones en beneficio propio. Máxime en un contexto como el español, donde hay diecisiete sistemas políticos y donde a los partidos independentistas les resulta muy útil controlar unilateralmente el sistema escolar para introducir en las mentes de los niños el odio hacía la unidad de la nación española.
Otro ámbito donde suele haber coincidencia es en la aceptación de que la base principal para tener un sistema educativo de calidad es contar con un profesorado muy preparado y con excelentes equipos de dirección escolar, profesionalizados e independientes del partido político que gobierne en cada ocasión. Sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna reforma seria en la formación del profesorado desde el año 1970 en que se aprobó la última ley de educación franquista. Los minúsculos cambios realizados han sido para empeorar la calidad de la formación del profesorado y la profesionalización de los equipos directivos escolares. Una de las primeras medidas aprobadas por el Gobierno socialista cuando llegó al poder en 1982, fue acabar con la profesionalidad de la dirección y de la inspección escolar. Por desgracia, todavía continúa esa anómala situación.
En lo que respecta al profesorado de la enseñanza primaria solo se han producido dos cambios. Uno ha consistido en pasar la formación inicial de tres a cuatro años, sin antes elevar la cualificación del profesorado universitario encargado de formar a los maestros. Por tanto, ese cambio no ha tenido ninguna influencia (ni positiva ni negativa). El otro ha sido para empeorar la cualificación del magisterio, al haber suprimido la práctica totalidad de las especialidades existentes (educación especial, trastornos de la audición y del lenguaje, música, lenguas modernas y educación física). En su lugar, se da a los futuros docentes una especie de barniz superficial, destinado a aparentar una mínima especialización, denominado «mención». ¿Se imaginan ustedes a unos maestros generalistas teniendo que atender las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad o con culturas absolutamente heterogéneas, o impartiendo educación física, música o lenguas extranjeras sin estar especializados?
Por lo que se refiere a la formación psicopedagógica del profesorado de la enseñanza secundaria, el único cambio que se ha producido desde el año 1970 ha consistido en una simple modificación administrativa: el vetusto certificado de aptitud pedagógica, impartido en los Institutos de Ciencias de la Educación, ahora se ha transformado en un pomposo Máster que se imparte en las Facultades de Ciencias de la Educación. No hay que ser muy expertos para entender que es imposible mejorar la calidad de la formación de los docentes de la enseñanza primaria y secundaria con un profesorado universitario asociado, remunerado con salarios de miseria y contratado con los procesos endogámicos que impuso la Ley de Reforma Universitaria en el año 1983.
Si ese pacto por la mejora de la educación no se ha llevado a cabo, si algunos de los cambios realizados han sido para empeorar la situación y si tampoco se ha mejorado lo que funciona peor, como es el caso de la enseñanza secundaria obligatoria, impuesta por la ley orgánica del sistema educativo de 1990, no es porque no se conozcan cuáles son los mejores indicadores de calidad, sino porque a los dirigentes de los partidos políticos no les interesa. Hace mucho tiempo que existen estudios rigurosos, realizados por cualificados grupos de investigación, que han puesto de manifiesto cuáles son los puntos fuertes y débiles de los sistemas educativos.
*Catedrático jubilado. Universidad de Zaragoza
