Ha entrado en vigor la normativa que exige el control horario de la jornada laboral de los trabajadores. Qué menos. Aunque en las grandes empresas el proceso ya se aplicaba, quedan millones de empleados donde el registro no consta o no está garantizado el acceso al mismo que pueda realizar la Inspección de Trabajo. Se trata de evitar la existencia de horas extra no registradas que en muchos casos suponen -con las condiciones de precariedad que abundan en el mercado laboral— que no sean pagadas ni cotizadas. El proceso no es sencillo de aplicar en algunos puestos de trabajo o sectores, pero si la decisión está tomada la gestión del mismo es cuestión de voluntad política. Ya toca poner orden en las jornadas de trabajo para que coincidan con los contratos que las sustentan y en un universo laboral que en los últimos años se ha ido deteriorando sometido a las atemorizantes cifras de paro y los vericuetos que posibilita la reforma laboral. La necesidad de empleo y las condiciones de vulnerabilidad de quien lo busca, como en los temporeros agrarios, está generando también un conflicto entre sindicatos en Aragón, con denuncias cruzadas entre los generalistas que acusan de que no se paga lo estipulado y los del sector del campo que lo niegan, o al menos que esas actuaciones sean masivas. La autoridad fiscal dice ahora que el aumento del salario mínimo no destruye empleo, como pronosticó que ocurriría la propia Airef y en mayor medida el Banco de España. Poner orden en el mundo laboral, base del funcionamiento social y económico del país, clave del nuevo Gobierno. *Periodista
