Mientras el consejero Joaquín Olona concretó ayer las acciones jurídicas anunciadas por el presidente Lambán para defender los intereses de la comunidad y el cumplimiento del Estatuto en relación con los caudales del Ebro, el Gobierno central intentó dejar zanjada la polémica que ha generado el plan de cuenca catalán al incorporar una transferencia de caudales. Su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, negó que haya tal trasvase y aseguró que cualquier obra considerada como tal tendría que ser refrendada por el Congreso de los Diputados. El ministros es rehén de estas palabras.
