Una de las reformas que más apoyo va a prestar a la actividad económica en los próximos meses es la que modifica algunos aspectos de la ley concursal para facilitar la refinanciación de las empresas. El objetivo de este cambio es poner los medios para que compañías viables, pero con deudas impagables, puedan encontrar salidas. Para ello, se trata de impedir que acreedores minoritarios puedan bloquear un acuerdo, lo que a veces se hace con el único propósito de sacar tajada, y también de evitar que el accionista mayoritario ponga en serio peligro la empresa con tal de no perder el control sobre ella. Por esa razón, ya no será necesario que el 100% de los acreedores estén de acuerdo. En adelante, será más fácil evitar que las empresas con dificultades lleguen al concurso de acreedores. La deuda empresarial española, que ronda el 130% del PIB, podría caer en 100.000 millones, unos diez puntos de PIB. El Banco de España tiene la última palabra para que este cambio sea un éxito. Debe permitir que la parte de un crédito que los bancos no cambien por acciones de una empresa sea considerada sana y que no esté sujeta a provisiones como si fuera un préstamo de dudoso cobro.
