La llegada del Gobierno socialista ha reabierto el debate sobre la presión fiscal. La recuperación de algunos servicios públicos ha ido acompañada del anuncio de una batería de nuevos impuestos, especialmente para empresas y bancos. Solo una leve ralentización de los objetivos de déficit parece aliviar estas tensiones que, según algunos, pueden poner en riesgo la recuperación. En este contexto regresa el debate sobre el fraude fiscal. Según diversos estudios, España acumula un 20% de economía sumergida frente a la media del 15% en la UE. Recuperar una parte de ese dinero opaco al fisco podría significar unos ingresos de 20.000 millones, nada más y nada menos que el 2% del PIB. Si, además, se pusiera orden en un sistema de exenciones que muchas veces prima a las empresas más grandes y menos productivas, cuadraríamos el círculo porque se aumentaría la recaudación sin subir los tipos impositivos. El resultado es que la tan reivindicada igualdad de todos los españoles en prestaciones del Estado, que algunos siempre ven amenazada, está gravemente lesionada cuando lo miramos por los ingresos. No todo el mundo paga lo mismo, en función del lugar donde trabaja pero tampoco del sector, del tipo de vinculación laboral o del tamaño de la empresa. Así, el viejo principio de que paga más el que más tiene se rompe. Paga más el que menos puede esconder lo que tiene.

El PP, un partido acostumbrado a las unanimidades, llega este fin de semana (viernes y sábado) al congreso extraordinario convocado tras la dimisión de Mariano Rajoy con dos candidatos enfrentados y una incertidumbre total sobre el resultado. Pese a los reiterados intentos de la vencedora de las primarias, Soraya Sáenz de Santamaría, con el 37% de los votos, no ha habido candidatura única porque Pablo Casado, segundo a poco más de tres puntos, ha creído desde el primer momento que podía ganar a la exvicepresidenta. La campaña ha sido dura, con dos vídeos anónimos descalificadores y ha mostrado la división del partido y del último Gobierno, ya que los ministros se han repartido en el apoyo a los aspirantes a la sucesión. Casado ha logrado el respaldo de la aún secretaria general, María Dolores de Cospedal, y de los otros cuatro candidatos menores, pero, a la vista de estas primarias, que solo han servido para designar a los dos finalistas, nada está decidido. Pese a que Santamaría y Casado se atribuyen ya el triunfo, el vencedor depende de la decisión de 3.082 compromisarios sin mandato imperativo que deberán elegir entre la continuidad del rajoyismo pragmático que representa Santamaría y la renovación que promete Casado. Curiosamente, esa renovación representa un giro a la derecha encabezado por el candidato más joven. El conservadurismo tecnocrático frente al combate de la derecha más ideológica.