En las últimas elecciones autonómicas en Euskadi, que tuvieron lugar el 25 de septiembre del 2016, Ciudadanos obtuvo 21.000 votos y ningún diputado, mientras que el Partido Popular cosechó 107.000 papeletas y nueve escaños. La diferencia se mantuvo en las elecciones generales del 10-N, en las que el PP multiplicó por ocho los votos de Cs. ¿Qué necesidad tenía Pablo Casado de pactar con Cs y menos aún de ofrecerle dos puestos de salida en las autonómicas del 5 de abril abriendo una crisis en el PP vasco? A Alfonso Alonso le asistía la razón para negarse a conceder a los recién llegados dos puestos tan destacados, aunque fuera partidario de alcanzar un pacto. La furibunda reacción de Casado de fulminar a Alonso y pactar con Cs marginando al PP vasco solo se explica por dos razones. Una de ellas es que Alonso era uno de los últimos representantes del sorayismo y su resistencia a aceptar el pacto sin rechistar ha sido aprovechada para eliminar políticamente los restos de ese sector. Ahora, como otros seguidores de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, deja el PP y la política. La segunda razón, más importante, es que el PP está interesado en un pacto global con Cs para así absorberlo mejor. No ha sido posible en Galicia, se logrará posiblemente en Cataluña, pero el verdadero objetivo son las elecciones generales, en la línea de la España Suma que el PP ya propuso antes del 10-N y que Albert Rivera rechazó. A esa estrategia se presta Inés Arrimadas, que, consciente de su actual debilidad, ha preferido entregarse al PP en lugar de reconstruir el partido por el centro. La caída de Alonso significa también el refuerzo en el PP de la línea dura, con la elección del aznarista Carlos Iturgaiz, que había sido relegado en las listas al Parlamento Europeo en el lapso moderado del mandato de Casado. Iturgaiz, que califica al Gobierno de Sánchez de «fasciocomunista», está encantado de colaborar con Vox, porque considera que su ideario es muy similar. El 5 de abril conoceremos el veredicto.