Creo que será difícil encontrar, no solo en la historia de nuestro país, sino en la de nuestro entorno geográfico, otro ejemplo de gobiernos, nacionales y regionales, tan aplicados como los del Partido Popular en su labor de destrucción de bienes sociales que a todos pertenecen y que, a pesar de las dificultades, venían funcionando razonablemente bien. Bien pudiera decirse que el Partido Popular, como sustento político de esos gobiernos, es el mayor partido anti-sistema del amplio abanico político español. Su acción política ha ido encaminada, especialmente en esta última etapa, a acabar con el sistema social, especialmente en el ámbito de la educación y de la sanidad, definido en nuestra Constitución, a la que ha ido convirtiendo, a marchas forzadas, en papel mojado.
La plasmación de este proyecto político viene dada, en Aragón, por el tratamiento que desde el ejecutivo se realiza de la universidad, a la que se viene sometiendo a un proceso de injustificado acoso y ninguneo que, ciertamente, erosiona a la Universidad como institución, pero que, sobre todo, empobrece a Aragón desde una perspectiva cultural, científica y educativa. Con una inaudita ceguera, todavía más incomprensible dada la condición de docente universitaria de la nefasta consejera del ramo, el Gobierno de Aragón, lejos de utilizar a la Universidad de forma provechosa para la comunidad, favoreciendo políticas de investigación y de creación de empleo, facilitando la formación de profesionales cualificados, elevando el nivel intelectual y humano de sus ciudadanos y ciudadanas, ha convertido la cuestión de la Universidad en una más de sus batallas políticas e ideológicas contra lo público. Resulta sorprendente la inquina que a lo público profesan personas que llevan decenios viviendo, precisamente, de lo público y que, en su defensa de lo privado, no dudan en dedicar ingentes cantidades de dinero, público, a rescatar empresas gestionadas de manera deplorable por gestores privados para intereses privados, véanse esas autopistas o esos bancos que nos obligan a reflotar entre todos.
El único proyecto político que se atisba en las políticas del PP es el de vaciar de contenido las áreas de responsabilidad de sus gobiernos --sanidad, educación, como hemos dicho-- para ponerlas en manos privadas y, de ese modo, sustraerlas a cualquier control político, convirtiéndolas, exclusivamente, en un negocio y alejándolas, de ese modo, de cualquier utilidad social. Por eso, con la universidad pública lo que se pretende es asfixiarla económicamente para proceder a un progresivo desmantelamiento en beneficio de un negocio privado, vinculado ideológicamente al gobierno y de una calidad científica y docente constatablemente raquítica.
No se trata de dejadez, sino de agresión premeditada. Una agresión que, más allá de las repercusiones ya apuntadas, puede tener consecuencias muy graves en otros ámbitos. Casos como el de la Facultad de Filosofía y Letras, con techos que se derrumban e infraestructuras al borde del colapso, ponen encima de la mesa temas como el de la seguridad de las personas, de sus usuarios, es decir, alumnado, personal de administración y servicios y profesorado. Mal está la precariedad que lleva a que en muchos casos deban compartir un despacho de seis metros cuadrados cuatro profesores, lo que imposibilita, desde luego, el trabajo simultáneo y dificulta la correcta atención del alumnado, o que haya persianas que no se puedan subir o bajar, pero cuando de lo que hablamos es de seguridad, de posibles accidentes con graves consecuencias, no atender esas situaciones supone una dejadez culpable. Como siempre, cuando ocurra una desgracia encontrarán el dinero que antes no quisieron encontrar.
El PP es incapaz de entender la capacidad de lo público, en este caso de la universidad, como motor de empleo. Obsesionados con su dogmatismo neoliberal, solo tienen un horizonte: erosionar lo público para convertirlo en negocio privado. Y, de paso, poner en manos de sus cercanos lo que antes era de todos, preparándose, en algunos casos, un futuro horizonte laboral, a través de las famosas puertas giratorias. El bien común es ajeno a su horizonte político, solamente preocupado del beneficio privado. Y así nos van las cosas.
Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza
