Para muchos españoles, la crisis económica que se inició en el año 2008 se llevó por delante, entre otros derechos, el de la vivienda y el empleo dignos. La caída de la construcción y la inestabilidad laboral que se mantienen desde entonces han provocado que los más jóvenes, a la hora de independizarse, hayan optado por el alquiler en lugar de la compra, y el aumento de la demanda de pisos de arriendo ha derivado en un alza de precios que en algunas zonas amenaza, si no se controla, con la saturación del mercado. Este cambio de tendencia ya se vislumbra claramente en ciudades como Zaragoza, donde en apenas un año, los precios de los pisos de alquiler se han disparado un 11,3% y no en barrios de nueva creación, sino en los consolidados. En Huesca, el problema va un poco más allá. La demanda supera con creces la oferta y se ha detectado que algunos propietarios inflan los alquileres hasta el punto que se igualan ya a los de la capital aragonesa. Todo esto, unido a las ayudas específicas para jóvenes --como las que contempla el Plan estatal de Vivienda 2018-2021-- o las garantías que desde las administraciones locales o autonómicas se otorgan a los propietarios para sacar al mercado las viviendas vacías, están provocando un cambio en el sector inmobiliario. Una evolución que podría convertirse en otra burbuja si crece el descontrol.
