La confianza es el principal vínculo, y el de más delicado equilibrio, entre administradores y administrados. Su quiebra suele coincidir con el principio del fin de una relación, como saben bien los gobernantes españoles de los últimos años. En el momento en el que la ciudadanía sospechó que el expresidente 3José María Aznar retrasaba interesadamente la verdad ante el peor caso de terrorismo vivido en España, el 11-M, fue apeado de su cargo por los gobernados. Y algo parecido le ocurrió, salvando las distancias, a José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se puso de manifiesto su incapacidad para enderezar una implacable crisis económica y doblegarse ante los dictados impuestos por las instituciones mundiales que custodian el poder económico.
En Aragón, el Gobierno del PP subsidiado por el PAR, había conseguido llegar a 2014 con su crédito de confianza razonablemente alto a pesar de las traumáticas medidas adoptadas para embridar las cuentas públicas. Los recortes, rechazados por sus perjudicados, eran una consecuencia inevitable de la obligada consolidación fiscal tras años de dispendios económicos, de manera que una parte importante de la población llegaba incluso a entenderlos. Esa empatía sobrevenida se ha resquebrajado durante este ejercicio al constatarse que a pesar de ajustes y más ajustes, cierres de caja para evitar los desequilibrios entre ingresos y gastos y negativa tras negativa a las peticiones de la sociedad civil para renovar convenios o acuerdos, la deuda pública no ha hecho más que crecer y el déficit sigue disparado muy por encima de la previsto y hasta de lo razonable. En pocas palabras, esa mayoría que soportaba con estoicismo los tijeretazos tiene hoy elementos de juicio para compartir la idea de que han servido para poco.
Si además de la frustración por una deuda pública que ha crecido esta legislatura hasta los 6.324 millones de euros y con un déficit acumulado a julio del 0,81%, se constata que las reformas institucionales o administrativas que deberían contribuir al reequilibrio de las cuentas no se han puesto en marcha por miedo o por incapacidad, la quiebra de confianza sobre las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi no hace más que crecer. Los intentos del consejero de Hacienda, Javier Campoy, de tranquilizar a la población garantizando que no habrá nuevos sacrificios que traspasen las líneas rojas y pongan en peligro las prestaciones propias de la DGA no parecen contrapunto suficiente. Como tampoco las previsiones triunfalistas del 2015, con la deflación llamando a la puerta y pendiente Europa de una tercera recesión. Por más que se hayan taponado las heridas y se estimen crecimientos ya notables del PIB, Aragón sigue por encima de los 100.000 parados y con poco más de medio millón de cotizantes a la Seguridad Social.
La insuficiencia de las políticas realizadas hasta ahora por el Gobierno de Rudi contribuye a una sensación creciente de descrédito hacia sus políticas para dar un vuelco a la difícil situación que heredó en el 2011. Pero si a esos recelos por la falta de respuesta tras un doloroso proceso de ajustes, se une la falta de respuesta adecuada ante sucesos puntuales, la DGA se enfrenta a un problema más serio. Ha sucedido esta semana con la crisis del lindano. Cuando parecía que la situación que atravesaba la ribera del Gállego desde hace unas semanas por los vertidos de esta peligrosa sustancia se había enfocado, la comparecencia en las Cortes del consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, para hablar del problema no hizo más que añadir dudas y temores acerca de la actuación del Ejecutivo. El oscense es, de sobras, el peor consejero del Ejecutivo, como demuestra cada vez que tiene ocasión.
Tuvo la feliz ocurrencia de responsabilizar a la Confederación Hidrográfica del Ebro de no haber trasladado análisis que evidenciaban la presencia elevadísima en agua del peligroso pesticida, cuando no era obligación suya hacerlo. Y de reconocer implícitamente que los pueblos habían estado bebiendo durante un mes y medio agua contaminada por una supuesta negligencia del organismo de cuenca. La institución presidida por Xavier de Pedro reaccionó con un duro ataque a la DGA, al anunciar la apertura de un expediente por la incidencia, recordar que las competencias de salud pública no son suyas y mostrar datos que ponen de manifiesto el descontrol con los índices de lindano de los últimos meses.
En un momento en que las políticas generales aplicadas contra la crisis presentan resultados insuficientes, los administrados apenas pueden seguir confiando en la Administración si al menos esta es capaz de dar respuesta ante eventualidades, necesidades o emergencias propias de sus competencias. Y, como se ha demostrado con la crisis del lidano, no parece el caso de la DGA. Rudi, refractaria a los cambios, debería pensar en ellos seriamente. Tiene en su ejecutivo no solo a miembros que han dado ya todo lo que podían, sino que cuando vienen mal dadas se ven superados por los acontecimientos.
