La Mesa del Congreso tomó la decisión de suspender a los cuatro diputados independentistas catalanes presos haciendo caso así al informe favorable de los letrados de la Cámara. La suspensión parecía inevitable, a la vista de los preceptos legales aplicables, pero las discusiones jurídico-políticas han sido intensas. Nada de lo que sorprenderse porque están en juego derechos tan fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho de sufragio pasivo, la inmunidad parlamentaria y la separación de poderes.
El informe de los letrados del Congreso resuelve que la Mesa es la competente y que se debe aplicar la suspensión no por el artículo 21.2 del reglamento, sino por el 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, que la prevé para los diputados procesados por rebelión y en situación de prisión preventiva, como es el caso. La Mesa ha seguido esta opinión y ha decretado la suspensión cumpliendo, como ha resaltado la presidenta Meritxell Batet, todas las garantías y tomando una decisión técnica, legal, no política. De ahí que sobren las descalificaciones contra Batet, repetidas por el PP y sobre todo por Cs, que han querido aprovechar las dudas legales para obtener réditos políticos. Los partidos independentistas aprovechan cualquier hecho para avivar las contradicciones del Estado y todo ello coloca a las instituciones en situaciones inéditas y lo único que busca es deteriorarlas.
