En 1996 más del 50% de los hijos de los nativos cherokee del estado de Carolina del Norte vivían en condiciones de pobreza, apenas terminaban la educación secundaria y los altos porcentajes de fracaso escolar solo eran comparables a los de delincuencia juvenil, consumo de drogas y abuso del alcohol. Veinte años después, esos niños se han convertido en treintañeros, la tasa de criminalidad ha descendido de forma radical, y el consumo de alcohol y drogas también se ha reducido drásticamente. Además, muchos más niños nativos se gradúan en el instituto, y la tasa de embarazo entre adolescentes ha caído en picado.
¿Qué ha ocurrido en este tiempo para que esos jóvenes que parecían abocados a la marginalidad hayan logrado reconducir sus vidas?
Desde aquel año, todas la familias cherokee del estado comenzaron a recibir una prestación anual proveniente de los beneficios de la apertura de un casino en el estado (en EEUU, desde 1988 las naciones nativas americanas no pagan impuestos por los establecimientos de juego) lo que rápidamente se tradujo en una mejora generalizada de las condiciones de vida de un grupo étnico que, hasta ese momento, se encontraba entre los más deprimidos de Estados Unidos.
Pero este no es un caso aislado. Diversas investigaciones han demostrado que pequeñas mejoras en los ingresos de las familias en situación de pobreza se traducen automáticamente en la mejora de las condiciones de vida de los niños que viven en ellas.
Este es el motivo por el que la mayor parte de países desarrollados implantaron prestaciones por hijo a cargo (casi todos los miembros de la UE, así como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón….). Gracias a ellas, todos estos países son mucho más eficientes que el nuestro a la hora de combatir la pobreza infantil. Mientras que en España las políticas públicas sacan de la pobreza a tan solo 21 de cada 100 niños, nuestros vecinos europeos casi doblan esa cifra, reduciendo la pobreza en 39 de cada 100 casos.
En España, además de no ser de carácter universal (como en el caso de la mayor parte de los países de la UE), las prestaciones por hijo a cargo son un capítulo menor del régimen de prestaciones de la Seguridad Social. Tan solo las perciben aquellas familias con ingresos inferiores a 1.000 euros al mes (1.100 en el caso de las familias con 2 hijos), y se reduce a una pequeña aportación de 24 € por hijo y mes. Apenas 290 euros al año, una cantidad que cualquiera que tenga hijos sabe que no alcanza para casi nada. Es por ello que algunas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la infancia en España proponen desde hace tiempo la mejora estas prestaciones por hijo a cargo, con la idea de aumentar el gasto público en familia e infancia, que actualmente está en el 1,3% del PIB, acercándonos un poco más al 2,3% de la media de la OCDE.
Ante esta propuesta surgen dos dudas: en primer lugar ¿qué Administración debería hacerse cargo de sufragar la medida? Para ello, varias instituciones internacionales elaboraron en 2017 diversos informes acerca de la economía española y su sistema de bienestar. En todos ellos, incluyendo los de la OCDE, la Comisión Europea, y la Organización Internacional del Trabajo, aludían a las autonomías como responsables de establecer prestaciones por hijo a cargo, teniendo en cuenta la profunda descentralización de nuestro Estado, y que ya en la actualidad el 88% del gasto en infancia se realiza desde esta instancia administrativa.
Más complicado resulta convencer a aquellos que, generalizando, se muestran contrarios a cualquier tipo de prestación pública por entender que desincentivan la búsqueda de empleo o que tienden a beneficiar solo a determinados colectivos. Pues bien, a estos quizás se les podría persuadir recordándoles que, solo en Aragón, uno de cada cuatro niños (algo más de 56.000) se encuentra en situación de pobreza relativa (según los criterios del índice AROPE, utilizado por la UE para medirla), y que está más que demostrado que la inversión en infancia resulta tremendamente más efectiva que el gasto en los sistemas de protección a los adultos. En términos de eficiencia económica, cada euro invertido en infancia termina por multiplicarse, como retorno, en forma de una mejor formación académica, una mayor cualificación profesional, y un mejor estado de salud en la vida adulta (todo lo cual se traducirá en mejores trabajos, más capacidad para pagar impuestos, y menos gasto sanitario, respectivamente).
Sabemos que las prestaciones por hijo a cargo son la mejor herramienta para combatir la pobreza infantil, ya que los países en los que esta prestación es más alta, este índice es menor. Cabe, pues, cambiar el discurso y dejar de preguntarse acerca de la viabilidad de una prestación universal por hijo a cargo, y simplemente pensar en cuándo la podremos ver en nuestro país. Aquellas administraciones autonómicas que se anticipen habrán dado un paso definitivo no solo para combatir la pobreza infantil en el presente, sino para contar con ciudadanos adultos con mejores opciones de vida en el futuro. H *Consultor
