El malestar entre las familias de las personas que tienen discapacidad, de sus familias y de las entidades que les representan ya es un clamor. Denuncian el progresivo deterioro del apoyo que recibían, la revisión de las valoraciones de la dependencia con el fin de reducir las prestaciones, comunicando a las familias inexistentes mejoras del estado de sus hijos, lo que sienten como una humillación y las estrategias dilatorias en el pago de los servicios ya prestados por las entidades, incumpliendo acuerdos firmados con el Gobierno reiteradamente incumplidos. Se sienten solos y con toda la razón del mundo. Sobre la gestión del Consejero Olivan y de sus incompetentes equipos está ya todo dicho. Pero no es sólo incompetencia. Sus políticas responden a una manera de priorizar sus objetivos políticos. La presidenta presume de políticas sociales innovadoras cayendo en el ridículo y en el sarcasmo. Corresponde, por Ley, al Gobierno de Aragón atender a estos colectivos. Una correcta política social es la que contribuye a la igualdad de oportunidades ante la diversidad de capacidades, responde a necesidades y aspiraciones legítimas de desarrollo, garantiza derechos sociales universales, redistribuye recursos corrigiendo la dinámica del mercado, construye lazos comunitarios, contribuye al bienestar de todos, la cohesión social, palia situaciones de marginación, sufrimiento... Rudi, una vez más dice unas cosas y hace otras. Si se cree lo que dijo en el debate parlamentario, su desorientación es antológica y si no se lo cree... Profesor de Universidad
