Unos Presupuestos necesarios

Después de tres años de prórrogas, la aprobación de unos nuevos Presupuestos ya hubiera sido muy necesaria aun sin pandemia de por medio;_pero la irrupción del coronavirus hace, no ya solo necesario, sino crítico que el Estado se dote cuanto antes de unas nuevas cuentas para vehicular la acción pública. El proyecto de Presupuestos del Estado para el 2021 afronta la emergencia social, económica y sanitaria, convirtiéndolos en los más expansivos de la historia, liberados del corsé de la austeridad de los Presupuestos del 2018. Muy al contrario que aquellas cuentas de Cristóbal Montoro, las presentadas ayer por el Gobierno impulsan el gasto social para mitigar los efectos de la pandemia. Se prevén incrementos en las pensiones y los sueldos públicos (ambos, del 0,9%), en la aportación al sistema de dependencia, las becas y la FP, así como en sanidad. Un acuerdo de última hora entre Podemos y PSOE incorporó dos novedades: la del compromiso de llevar al Congreso un proyecto de ley de vivienda para limitar el precio a los alquileres y la de facilitar el acceso al ingreso mínimo vital. Como el objetivo, además de parar el golpe, es contribuir a la transformación del sistema productivo (en línea con Bruselas) se aumentan las partidas de I+D+i, infraestructuras, industria, energía y ayudas al comercio, turismo y pymes. Unas cuentas, en definitiva, dirigidas a fortalecer el Estado del bienestar y a construir un futuro más justo y eficiente. Este despliegue de inversión pública no sería posible sin dos palancas: los 27.436 millones que recibirá España este año de los fondos europeos para la recuperación y el incremento impositivo con el que el Gobierno espera ingresar unos 6.000 millones adicionales. En estas circunstancias no es descabellado plantear subidas de impuestos, teniendo en cuenta que en IRPF, Patrimonio y Sociedades afectarían a una mínima parte de las rentas más ricas, que son las que más deben aportar solidariamente y, en cualquier caso, es difícil calificar de clase media con dificultades para soportar la presión fiscal a los colectivos que cobran más de 300.000 euros, o con un patrimonio de más de 10 millones de euros. Otros impuestos, como el de bebidas azucaradas, los envases de plástico o al diésel, forman parte de la fiscalidad verde, un asunto de interés global.