Con mucho retraso -debido a la larga interinidad política que se arrastró durante casi todo el 2016- respecto a lo que establecen los usos parlamentarios, y cuando ha pasado ya una cuarta parte del año, el Gobierno presentó ayer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2017. Este desfase encierra algunas de las claves de las cuentas públicas que anuncia el Ejecutivo, porque el trimestre transcurrido le ha permitido afianzar los datos positivos que asoman en la economía española, que otorgan a Mariano Rajoy mayor credibilidad ante Bruselas respecto al objetivo nuclear de la Unión Europea desde que se inició la crisis, hace casi una década: la reducción del déficit público. No era misión imposible alcanzar el 4,3% después de que Europa subiera hasta el 4,6% el límite que inicialmente había fijado en el 2,8%.

El Gobierno no falta a la verdad cuando dice que en los Presupuestos no se contemplan nuevos recortes, pero se mantienen importantes ajustes para cumplir el objetivo de déficit, que este año es del 3,1%. Pueden ser consideradas unas cuentas del final del largo ciclo negativo que ha asolado a España y a los españoles, pero no las cuentas de la recuperación, porque no contienen ninguna política expansiva, habitual -aquí y en otros países de Europa- en las épocas anteriores a la deificación de la austeridad.

Con todo, es digno de mención que el Gobierno prevea una oferta de empleo público de 67.000 plazas para este año y otras 250.000 de conversión de interinos a fijos en tres años. También es positivo que el reparto del déficit no castigue a las autonomías tanto como en años precedentes. Por contra, los Presupuestos no incluyen medidas de alcance en orden a vigorizar la Seguridad Social y asegurar el sistema público de pensiones. En cuanto a la rebaja del IVA cultural, es más simbólica que efectiva, por cuanto no alcanza al sector más dinámico, el del cine, que seguirá pagando el 21% frente al 10% de, por ejemplo, los toros. Quizá una muestra más de que el proyecto de ley ya prefigura los pactos políticos necesarios para su aprobación en el Congreso; además de Ciudadanos, es muy probable que el PNV dé su apoyo a cambio de contrapartidas. Una estrategia antes característica del nacionalismo catalán que hoy la encarnan los vascos. Los tiempos han cambiado.