Como toda la vida personal y colectiva durante este confinamiento, el Día Internacional del Trabajo ha estado marcado por el covid-19 y por las gravísimas consecuencias económicas de la pandemia. Los balcones y las videoconferencias sustituyeron a las manifestaciones y a los discursos. Y este mismo día, el Gobierno ponía cifras a un escenario económico de infarto. En el primer trimestre, el producto interior bruto (PIB) cayó un 5,2%, un descenso que no se conocía desde los años 70 en plena crisis del petróleo. La previsión del Gobierno es que a lo largo del 2020 la caída sea del 9,2%, como en el peor año de la última crisis con su correspondiente impacto en un aumento del paro que podría volver a niveles del 2015.

Así, la excepcionalidad de este Primero de Mayo no solo lo ha sido en las formas sino muy especialmente en los contenidos. Los sindicatos mayoritarios han hecho suyo ese aplauso espontáneo que reconoce cada tarde la labor del personal sanitario, y en general de todos los trabajadores públicos y de las industrias esenciales. El acento en esta jornada se ha puesto en la excepcionalidad de su entrega en relación a los recortes tras la crisis del 2008. La pandemia de este coronavirus obliga a una redefinición del sector público, especialmente el de la sanidad, del que estos días estamos viendo su crucial importancia para el desarrollo económico. Para hacerlo será interesante observar si la fortaleza de los sistemas de salud está condicionando los ritmos de superación de la epidemia y, por lo tanto, del desconfinamiento, lo cual, obviamente, reduce su impacto en el PIB. En todo lo que se compruebe que es así, deberemos considerar el presupuesto de salud más como una inversión que como un gasto. También el nuevo entorno recuerda la necesidad, más allá de la defensa de los sectores productivos clásicos, de hallar un marco a nuevas realidades laborales, a menudo muy lejos de conquistas que se lograron en otro contexto económico y productivo. En España, por ejemplo, CCOO y UGT están haciendo un importante esfuerzo de actualización tanto en las formas de representación sindical como en la búsqueda de nuevos marcos de relaciones laborales adaptados al entorno digital.

Las previsiones económicas del Gobierno, con un horizonte para el 2020 catastrófico por más que el escenario dibujado por el Ejecutivo fía el cumplimiento del Programa de Estabilidad 2020-2023 remitido a Bruselas a una muy robusta recuperación en el 2021 sujeta a muchas incertidumbres, marcan los grandes retos sindicales en estas circunstancias. Como ocurrió en los años 70 del siglo pasado en los Pactos de la Moncloa, su participación en el plan de reconstrucción nacional es imprescindible. En la aplicación de las primeras medidas contra el impacto económico del covid-19, CCOO y UGT han tenido un alto sentido de la responsabilidad, avalando la aceleración de las tramitaciones de los expedientes de regulación de empleo. Ahora, están haciendo lo mismo con las prórrogas en aquellos sectores en los que las medidas de protección sanitaria ponen en peligro la continuidad de los puestos de trabajo. Su papel en este plan de reconstrucción nacional es plantear un modelo diferente al de la salida de la crisis del 2008. Las patronales más pegadas a las pequeñas y medianas empresas también lo reclaman.

Nada será igual depués del covid-19, tampoco en el trabajo ni en las relaciones laborales. El teletrabajo se ha demostrado posible en actividades donde no lo parecía y es solo un ejemplo de los cambios que se avecinan en un tiempo de retos nunca vistos que exigen soluciones inéditas.