Los jueces españoles cobrarán en su próxima nómina un complemento si su producción supera en un 20% el volumen de trabajo considerado normal. Más adelante serán penalizados si se quedan un 20% por debajo. Por primera vez se establece un mecanismo de control sobre el rendimiento de estos funcionarios públicos, una vieja aspiración de los sectores más progresistas de este colectivo. Es un avance para estimular a los miembros de la judicatura que aún no han entendido que deben actuar como servidores públicos. La necesaria independencia que requiere el poder judicial para ejercer sus funciones ha servido demasiadas veces para amparar, sin necesidad de rendir cuentas, un rendimiento insuficiente o un ejercicio poco profesional de las atribuciones del cargo.
Pero el mecánico sistema de valoración no ha de provocar el efecto perverso de que resulte rentable producir autos y sentencias poco complejas y relegar asuntos difíciles, algo que sólo serviría para cumplir las estadísticas del Gobierno. Tampoco puede parecer que la única causa del colapso judicial sea la dedicación de los profesionales, y no la falta de recursos que mantiene a tantos juzgados estrangulados por falta de plantilla y el exceso de asuntos.
