Mientras España sigue sumida en la crisis y un importante porcentaje de españoles lo pasa mal (algunos se consuelan alegando que lo del siglo XX fue peor), los de la casta política siguen acumulando privilegios aun jubilados.

Felipe González, antaño jerarca del socialismo hispano, acumula más de dos millones de euros gracias al sueldo vitalicio que se asignó en 1992, según Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, BOE de 4 de mayo de 1992, modificado el 24 de julio de 2008, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero, otro que tal. Este decreto no tiene desperdicio. Entre otras mamandurrias, los expresidentes disponen de atención diplomática en el extranjero, libre designación (el dedo de siempre) de dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 (el máximo en la Administración) y otro de 18, una dotación para gastos de oficina y alquiler de inmuebles, un automóvil con conductor, seguridad, “libre pase” en las compañías de transporte del Estado, y pensión vitalicia, que se transmite a su “cónyuge o persona unida en igual relación de afectividad” en caso de fallecimiento. Para no ser menos que el Estado, algunas Comunidades autónomas aplican medidas similares: los ex de Cataluña, José Montilla y Artur Mas, cuestan medio millón de euros cada año al erario.

Entre tanto, en el inútil Senado sestean decenas de senadores de “designación autonómica” (uno por Comunidad más otro por cada millón de habitantes), muchos de los cuales no han intervenido una sola vez; pero, eso sí, cobran un buen salario más dietas.

Y eso no es todo. En pleno confinamiento y con los parlamentos nacionales y autonómicos cerrados, cientos de diputados y senadores nacionales y autonómicos cobraron sus dietas correspondientes pese a no haber asistido a sesión plenaria o comisión alguna durante meses.

En las Cortes de Aragón, y según denuncia Nacho Escartín, diputado de Podemos-Equo (que sí se lo curra), los 3 diputados de VOX ni han presentado enmiendas a la Ley autonómica aragonesa sobre la pandemia, ni se han molestado en acudir a defender sus propuestas, ni tan siquiera han aparecido por el pleno. Supongo que para estos patriotas de banderita debe de suponer un esfuerzo insuperable levantarse a las ocho de la mañana con el frío de diciembre para acudir al palacio de la Aljafería y cumplir con su deber y con su trabajo, los «angelicos».

Claro que la solución que se me ocurre es fácil: se modifica el reglamento de las Cortes, y si no van a trabajar, no cobran, por muy diputados que sean sus señorías. A que no.