Poco ha tardado en constatarse las dificultades que va a tener el pacto por la reconstrucción de Aragón para que las buenas intenciones que se recogen en las 273 medidas se concreten y se plasmen en realidades. Así ha quedado demostrado en la primera dificultad que se ha encontrado el Gobierno de Aragón y los firmantes del acuerdo: la educación. Si en ese ambicioso pero inconcreto documento se hablaba de reducir las ratio en las escuelas para garantizar la seguridad de los alumnos y docentes en las aulas, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ya ha advertido que es de imposible cumplimiento y solicita que se inicie el curso el próximo mes de septiembre con total normalidad y las ratio existentes hasta ahora. Un anuncio que no ha sentado bien a los sindicatos profesionales y a Izquierda Unida y que ha generado preocupación en las asociaciones de padres y madres. Este es el primer escollo, y no poco importante, al que se enfrenta la recomposición económica y social de la comunidad en los tiempos de pospandemia
Como ya se dijo el día de la firma del pacto, la falta de una memoria económica hacía poco concreto el acuerdo, aunque se es muy consciente de que los recursos económicos son escasos. Todas las administraciones han desempeñado todo su esfuerzo en invertir sus fondos y en endeudarse para atender la emergencia social, y poco dinero queda para otras medidas, entre ellas la reducción del número de alumnos por aula, como ha anunciado el presidente del Gobierno aragonés.
Ante esta acuciante falta de recursos económicos, que obliga a establecer prioridades ahora más que nunca, no ayuda tampoco el nuevo modelo en el reparto de las transferencias estatales que anunció el pasado domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la mayor entrega directa a las comunidades de la historia después de la financiación autonómica, el modelo de reparto ha vuelto a favorecer a aquellas más pobladas, en detrimento de las que, como Aragón, presentan graves problemas demográficos y como consecuencia tiene unos costes más elevados para garantizar la calidad de los servicios públicos como la educación.
Si bien no conviene responsabilizar de todo a «Madrid», si es cierto que el cambio en el modelo de reparto dificulta que se pueda cumplir con gran parte de los acuerdos que se firmaron la semana pasada en las Cortes por los partidos -salvo Vox-, y los agentes sociales y económicos. Es la segunda ocasión en pocos días en la que el Gobierno central discrimina a unas comunidades sobre otras Si el ministro Escrivá acusaba de que el ingreso mínimo vital no lo podían administrar las autonomías porque no habían sabido gestionar sus rentas mínimas (excepto País Vasco y Navarra), ahora hace lo propio el Ejecutivo con un reparto que perjudica a las comunidades despobladas.
En cualquier caso, este argumento, por cierto que sea, no debe de servir de excusa y hay que buscar las fórmulas necesarias para que el curso próximo se inicie con todas las garantías de seguridad e higiene. Nos jugamos mucho como sociedad y si se está saliendo bien de la pandemia no podemos arriesgarnos en septiembre.
