El problema de Cataluña sigue siendo Convergencia.

Que existe, naturalmente, pues vivita y coleando existiendo sigue con su nuevo nombre: PDeCAT. Pero sus nombres propios y protagonistas son ya bastantes viejos y bien conocidos de todos: ahí siguen los Pujol, Artur Mas y, naturalmente, Puigdemont. Esto es, los convergentes. Esto es, estos son quienes llevan cuarenta años exprimiendo la vaca de la Generalitat hasta sacarle leche por el rabo.

Porque El Puigdi, que parece un recién llegado, un fugado de última hora, siempre estuvo ahí. Los servicios secretos de la inteligencia española lo detectaron en el entorno de Terra Lliure allá por principios de los noventa, cuando se temía un atentado contra las Olimpíadas de Barcelona y el CNI barrió el nacionalismo catalán en busca de posibles terroristas.

Tanto y también buscó que ya en 1992 descubrieron a varios miembros de la familia Pujol yendo y viniendo a los bancos de Andorra. Aquella información pudo haber desmontado la trama o mafia catalana, pero nunca fue empleada por el Gobierno español. ¿Por qué?

Quizá por la misma razón por la que el Gobierno tampoco actuó contra ETA con la debida contundencia cuando, en diferentes momentos durante los «años de plomo», dispuso de suficiente información como para acabar con la banda terrorista vasca.

¿Quién o qué lo impidió? Según algunas voces surgidas del propio CNI, el Partido Nacionalista Vasco. A cuyo frente, no lo olvidemos, estaba el papa Arzalluz. Un personaje cuya información constante y exhaustiva de lo que pasaba en ETA y acerca de lo que pensaban sus dirigentes lo hacía más que sospechoso a ojos de muchos españoles, pero que ni siquiera fue molestado, interrogado por las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Seguramente porque existía un pacto parecido al que obraba entre Madrid y Barcelona: un acuerdo de no agresión, de mutuo respeto territorial, de mirar a otro lado.

Ahora, Puigdemont, eurodiputado y president en el exilio, planea su vuelta a casa, al statu quo, con idea de ganar las elecciones y volver a gobernar la Generalitat. Un indulto le separa, pero, ¿qué obstáculo es ése para un convergente?