Es difícil hablar sobre educación, sobre todo porque tal y como se ha concebido hoy el debate, cualquier opinión supone casi un posicionamiento político. Como madre de hijos que han estudiado en ambos sistemas, no voy a opinar sobre las excelencias de uno u otro modelo; la experiencia me dice que la calidad de la educación depende casi por completo del profesor, no de dónde se impartan las clases. Y de ahí no me va a sacar nadie. Así que desde una (pretendida) equidistancia, les digo: no se puede plantear la racionalidad del sistema educativo buscando el enfrentamiento ideológico. Porque no es ese el principal problema. Estamos sufriendo una caída de la natalidad preocupante, queridos, y se nos olvida que, si no nacen niños, no hacen falta aulas. Ni en la pública ni en la privada. Súmenle a eso criterios objetivos, como que en la anterior legislatura se cerraron exclusivamente vías públicas, y no se olviden del derecho a la elección del modelo educativo que tienen los padres, además del importante detalle de que cerrar aulas supone que un número indeterminado de profesores acabe en la calle. Y con todos esos elementos, la cabeza fría y olvidándose de dogmatismos, el Gobierno autonómico tendría la obligación de presentarle a la sociedad un plan de cierre de aulas que fuera incontestable. Nada más y nada menos. Lo sé: decidan lo que decidan, se va a liar. Pero por lo menos no nos confundamos: esto no es una cuestión de religión o de falsos elitismos. Esto es una cuestión de racionalización de recursos. Que ni unos ni otros nos engañen.

*Periodista