¿Tiene sentido poner en riesgo un sector básico para la economía española como es el turismo realizando prospeccio

nes petrolíferas en aguas del Mediterráneo y del Atlántico? Es la pregunta que cabe formularse a la vista de las numerosas solicitudes que varias compañías internacionales del sector de los hidrocarburos han presentado al Gobierno y que están causando inquietud en Baleares y Canarias, las comunidades concernidas en mayor medida. La respuesta más inmediata es que no, que sería un suicidio colectivo dañar, como mínimo, la imagen y el prestigio de las grandes puntas de lanza del turismo español con operaciones que son la antítesis del respeto medioambiental que reclaman hoy la inmensa mayoría de turistas que eligen un entorno natural.

Pero tan evidente como eso es que España tiene una dependencia absoluta del petróleo importado y que los hidrocarburos son un bien finito. Se conoce desde hace años con bastante precisión el volumen de reservas de los yacimientos en explotación en todo el mundo, y de ahí que las prospecciones en zonas nuevas se hayan incrementado y acelerado, a lo que ha contribuido de forma determinante la eclosión de China como gran país consumidor. España no puede aspirar, ni mucho menos, a la autosuficiencia energética, pero además de diversificar en lo posible el tipo de suministro y su procedencia debe explorar todas las posibilidades de abastecimiento por medios propios. Pero debe hacerlo cabalmente y teniendo en cuenta que la preservación del entorno natural ya no es una reivindicación de airadas vanguardias ecologistas sino un objetivo instalado en el conjunto de la sociedad. Una buena muestra de eso es que el Gobierno y el PP de Baleares han plantado cara al Ejecutivo central contra estas prospecciones.

No hay motivos para apriorismos genéricos contra las exploraciones que se plantean, pero sí son legítimas y necesarias todas las prevenciones y cautelas, y más a la vista de fiascos recientes en operaciones de fracking y el almacén de gas Castor. Parece, pues, muy razonable que se imponga para esas operaciones una distancia de las costas que minimice el impacto de cualquier incidencia, así como que se resarza al sector pesquero por los posibles daños en los caladeros. Si luego se halla petróleo, esta será otra cuestión.