El alcalde Zaragoza, Pedro Santisteve, elevó ayer el tono respecto del informe del asesor jurídico de Ecociudad que le atribuye la comisión de cinco posibles delitos durante su etaña como presidente de esta sociedad que gestiona parte del ciclo del agua en la ciudad. Aparte de restar validez a las conclusiones del letrado, aseguró que con este informe «se pretende matar al mensajero», es decir, silenciar los intentos de aclarar los excesos cometidos. Y llegó a sugerir que las posibles irregularidades se ven favorecidas por un sistema «privatizador del agua», aludiendo al Canal de Isabel II de Madrid. Tanto histrionismo estridente no parece lo más acertado para quien ostenta tan alta responsabilidad institucional.