El pacto de Estado contra la violencia machista acordado este lunes por unanimidad por los grupos políticos del Congreso ha sido valorado por numerosos colectivos feministas como un acuerdo de mínimos. De entrada, cabe felicitarse por que la lucha contra la lacra de la violencia machista alcance la categoría de pacto de Estado. Se trata de 200 propuestas agrupadas en 10 ejes de actuación con medidas como establecer unidades policiales con formación específica en violencia machista que presten atención las 24 horas del día o promover en los centros educativos actividades para prevenir la violencia sexual. Pero si bien las medidas merecen aplauso, la dotación presupuestaria -1.000 millones de euros para cinco años- es considerada insuficiente por los colectivos feministas. Por ejemplo, sobre los ayuntamientos va a a recaer una parte crucial de la lucha contra la lacra con los servicios de atención a las mujeres, y en el texto pactado no queda claro cuál será la dotación económica para los consistorios. Este es tan solo un caso de las inconcreciones que abundan en el texto y que ya han levantado críticas. El acuerdo, que por ahora es un pacto político, con lo que cabe confiar en que se mejoren los aspectos mejorables. El hecho de que más de 800 mujeres han sido asesinadas desde la aprobación de la ley contra la violencia de género el año 2004 así lo exige.

No existen razones de peso, más allá de cuestiones técnicas que podrían resolverse con normalidad, para que los bienes sacros aragoneses que permanecen en museos catalanes no vuelvan aquí, como exige la sentencia relativa a los objetos procedentes del Monasterio de Sijena. Pero las actuales autoridades de la comunidad vecina, como sus predecesores, han convertido su habitual argumentario victimista en un instrumento para practicar la prepotencia, el egoísmo y el desafío a toda ley cuya aplicación no les convenga. Podríamos pensar que la pugna por dichos bienes es para la Generalitat un ensayo a escala menor de otros desafíos y desobediencias que han de formar parte del proceso secesionista ilegal que intentan llevar a cabo.

Este asunto, de modesta escala pero de importante repercusión y significado, ha llegado a un callejón sin salida. Para salir de ahí ya sólo queda una alternativa: que las instancias precisas, en cumplimiento de la correspondiente orden judicial, actúen para garantizar el retorno de las obras de arte que siguen retenidas contra todo derecho. Es cierto que el momento no parece muy propicio a las medidas de fuerza, porque la serenidad, la inteligencia política y la mesura son más necesarias que nunca. Pero de alguna forma habrá que romper el punto muerto y quebrar la contumacia de las autoridades catalanas. Ya está bien.