El ayuntamiento y los vecinos de Santaliestra han ganado todas y cada una de las batallas legales que se han librado en torno al polémico pantano. Dicho proyecto ya fue anulado en su día por no haber tenido en cuenta pruebas básicas para la futura seguridad de la presa, y posteriormente los expedientes anejos han caído uno tras otro en diversas instancias judiciales. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha anulado las expropiaciones forzosas de los terrenos que debían ser afectados por el embalse. Sólo queda dilucidar las posibles responsabilidades penales de los altos cargos de la CHE y del Ministerio de Medio Ambiente que bajo los gobiernos de Aznar se empeñaron en hacer Santaliestra poniéndose por montera el Estado de Derecho.

Este caso ilustra sobre las debilidades del Pacto del Agua y alerta sobre la necesidad de que la aplicación en Aragón del Plan de la Cuenca del Ebro sea revisado a fondo. Mientras tanto los proyectos más conflictivos deberían ser objeto de una moratoria y revisados de cabo a rabo; entre otras cosas porque sus padres son gestores políticos y técnicos que han quedado en evidencia y que en estos momentos están pendientes de una causa penal.