Durante los últimos siete años, España ha actuado como si no se hubiese comprometido con el protocolo de Kioto, que impuso a los países desarrollados una reducción de las emisiones de CO2, cuya acumulación está produciendo una alteración climática. El Gobierno del PP aceptó entonces que la economía española sólo lanzara a la atmósfera un 15% más de CO2 en 1990. Hoy, el incremento es ya del 40%. Así, el plan que el lunes presentó la ministra Cristina Narbona se conforma, de momento, con frenar este crecimiento sin control. Sólo aspira a cumplir los objetivos en el 2012, y gracias a medidas compensatorias, como la repoblación forestal o inversiones en energía limpia en América Latina.

Cumplir Kioto tiene un precio: desde poner en peligro a la minería del carbón a sobrecostes en el sector eléctrico. Pero cuando se trata de evitar un desastre global no hay elección. Aunque, como recordaba ayer el ministro de Industria, José Montilla, las compañías no tienen por qué repercutir íntegramente su reconversión en las tarifas. Deberían contar también con las cantidades millonarias que reciben de los presupuestos para compensarlas por la transición a una competencia que ha sido más teórica que real.