En esa tan española tradición de no resolver los asuntos graves del país, simplemente aparcarlos, la crisis catalana amenaza con enquistarse. El nuevo presidente, Quim Torra, es un fanático, otro iluminado, adoctrinador, manipulador de la historia y agitador profesional. Considera a los españoles invasores y a España un poder inquisitorial. En consecuencia, debe en conciencia liberar Cataluña, en estrecha lucha con el resto de sectarios, Puigdemont, Sánchez, Junqueras, etcétera, abandonando definitivamente el camino de la autonomía (la Constitución) para avanzar hacia la independencia (golpe aniquilador contra la unidad de España).

Dada la vigencia de la amenaza separatista y la gravedad del momento, las grandes cabezas del constitucionalismo patrio, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera se reúnen estos días para ver qué se puede hacer, si no hacer nada, a ver si escampa, o si se aplica de nuevo el artículo 155, suspendiendo otra vez las competencias autonómicas y enviando de nuevo a Soraya Sáenz de Santamaría al apartamento de Barcelona.

¿Qué decisión tomará el Gobierno español? En principio, la cortesía parlamentaria debería conceder esos cien días de gracia al Govern de Torra para presentar sus equipos, proyectos, objetivos, y tratar de encauzarlos por la senda constitucional. Lo deseable sería que, de la misma manera que Torra ha pedido perdón por llamar a los españoles «carroñeros», acabe disculpándose asimismo por sus excesos ideológicos, aceptando lo que ya disfrutan los catalanes: una autonomía de primera división europea, con toda clase de competencias y aplicaciones y amplia independencia para gestionar la comunidad catalana, práticamente al nivel de un estado asociado. Si no es así, si Torra, como ha adelantado, se niega a ceñirse al marco del Estado de las autonomías, rompe reglas, pega patadas en las espinillas y marca goles en fuera de juego habrá, dirá seguramente el Gobierno español (el árbitro), que expulsarlo. Si es todo el equipo el que agrede a otros jugadores y marca tantos con la mano, habrá (dirá el presidente de la liga) que expulsar a ese club de la competición. ¿Concluirá Madrid por prohibir los partidos independentistas? Si hay kale borroka, comités de defensa republicana y consejo de gobierno en el exterior esa drástica solución se pondrá sobre la mesa.

La crisis continúa.