La negociación de los Presupuestos del Estadio ha alumbrado una nueva mayoría parlamentaria, por la mínima, rozando el larguero del reglamento, pero suficiente para que el Gobierno minoritario de Mariano Rajoy saque adelante las cuentas del Estado en un momento de estruendosa tormenta política a cuenta de los escándalos de corrupción del PP. El pacto entre el PP, Ciudadanos (su socio preferencial), el PNV y Coalición Canaria facilita a Rajoy sumar los 175 escaños que le permitan superar en el Congreso las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDEcat, Compromís, Nueva Canarias y EH-Bildu. Una vez más, Rajoy demuestra su capacidad de supervivencia en el Congreso. Si en la investidura lo aupó a la presidencia la abstención del PSOE, ahora han sido los cinco diputados del PNV los que han salvado los Presupuestos del presidente.

Para ello, los nacionalistas vascos han llevado a cabo un fenomenal ejercicio de pájaro en mano: han logrado un pacto que zanja la discusión sobre el cálculo del cupo entre los años 2007 y 2016 con el compromiso del Estado de devolver a Euskadi 1.400 millones. Además, el acuerdo establece que este año Euskadi abonará 956 millones a la Hacienda española, 540 millones menos que el año pasado. Este acuerdo ofrece varias lecturas. Para empezar, el PNV ha jugado el papel de socio imprescindible que solía jugar el nacionalismo catalán y que ahora la deriva independentista hace imposible. Convendría tomar nota de las consecuencias que tiene dejar de hacer política. Por otro lado, es inevitable establecer odiosas comparaciones entre las ventajas del cupo vasco -de entrada, la bilateralidad- con el sistema de financiación autonómica del resto de autonomías. En unos presupuestos que, como dijo el ministro Cristóbal Montoro, no son ni los de los recortes ni los de la expansión, la parte que Euskadi deja de contribuir a Hacienda deberán cubrirla otros. Una situación que deja al resto de los territorios en una evidente situación de falta de equidad desde el Gobierno central.

No es la primera vez y posiblemente no será la última en la que unas contraprestaciones económicas beneficiosas para la parte contribuyen a engrasar decisiones políticas difíciles de sacar adelante. Y los nacionalistas, tanto desde Euskadi, como desde Cataluña en otras épocas, jugaron esta baza.