Casi 900.000 aragoneses retroceden a una fase 2 que levanta un sombra de temor por los brotes conocidos a tan pocas semanas de finalizar el estado de alarma. Se presuponía otra dificultad sanitaria, o un inicio de esta, como mínimo en octubre. Pero no. Quizá no haya que irse más allá de agosto.

La adopción por parte del Gobierno de Aragón de tan drástica medida es necesaria. Contundente, sí. Pero imprescindible. La rapidez en la actuación con el rebrote de las comarcas orientales nos ha evitado un escenario como el que vive Lérida. Donde su president ha sido incapaz de atajar la expansión del virus por la inane capacidad de su gobierno.

Pero la notificación de rebrotes no debe solo solucionarse con retrocesos en la desescalada para terminar alcanzando otro confinamiento extremo. Es evidente que la existencia de transmisión comunitaria, con varios rebrotes en zonas concretas de Aragón, necesita una respuesta más amplía desde el Gobierno autonómico. No solo con la vigilancia epidemiológica.

La sensación de desprotección con la aplicación de medidas restrictivas en tan solo pocas horas generan incertidumbre en la población y sepultan la necesaria recuperación de la economía. Hay que armar con urgencia un marco jurídico que garantice con algo más de precisión la respuesta a los rebrotes que aún llegarán.

Es precisamente a lo que se comprometió el presidente Sánchez en su última prorroga del estado de alarma por la insistencia de Ciudadanos pero que aún no ha habilitado. El Gobierno, vicepresidenta Calvo mediante, anunció que el papel de las autonomías sería más claro en los futuros rebrotes. Era un 13 de mayo y aún siguen esperando.

Las comunidades necesitan más garantías de control en los rebrotes para que no insistan en clamar a la evidencia científica o al análisis epidemiológico en exclusiva. E incluso a la responsabilidad de cada uno, que si bien es la medida más efectiva, aún hay alguno que cree que la pandemia no existe.

Hasta entonces, entre la desesperanza de los ayuntamientos, el intento de las autonomías de controlar los rebrotes y los ciudadanos que pagan la ineficiencia del Gobierno, no hay plan B. Solo retroceder hasta un confinamiento que la mayoría teme que será tan real como catastrófico.

Este país no se puede permitir otras 40.000 víctimas por coronavirus -según cifras oficiales del MoMo- ni una caída mayor de la economía hasta el abismo de la ruina.