La exhumación de fallecidos en el accidente del Yak ucraniano, además de una nueva experiencia dolorosa para sus familias, ha generado en algunas de ellas cierto desconcierto al no permitirles las autoridades ver lo que había dentro de los ataúdes. Para unas personas hartas ya de mentiras y manipulaciones, este hecho ha desencadenado nuevas sospechas o cuando menos una notable incomodidad.
Es razonable que la exhumación se lleve a cabo de acuerdo con las normas jurídicas y que en todo caso se pretenda impedir que las familias pasen por otra experiencia traumática. Sin embargo, el deseo de saber qué había exactamente en las bolsas repatriadas desde Turquía no es ni mero capricho ni obsesión macabra; es el reflejo de un comprensible deseo de saber la verdad, de despejar todas la dudas y de comprobar directamente cada aspecto de una cuestión que jamás debiera haber sido gestionada como lo hizo el anterior gobierno. Si los cadáveres que hoy son extraídos de la tumba fueron enterrados en el lugar equivocado y si ahora es preciso identificarlos de verdad y colocar cada uno en el sitio que le corresponde, ¿por qué no pueden los deudos que lo deseen asistir a la apertura de ataúdes y bolsas?
