La congelación de las instituciones democráticas decretada por el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, es un síntoma alarmante de las soluciones autoritarias alentadas por la crisis del coronavirus, una mutación de las normas de convivencia que pone en peligro el Estado de derecho y que cuenta con imitadores en Polonia y Eslovenia. En todos los casos, la pandemia es una mera justificación para liquidar el control parlamentario, limitar la libertad de expresión y dejar las manos libres a los gobiernos para que actúen sin cortapisas. Y es, en última instancia, un repliegue de la cultura democrática frente a los hechos consumados, aceptados por una parte significativa de ciudadanos atemorizados por la expansión del virus.

Se repite con harta frecuencia que las crisis son oportunidades excepcionales de cambio y mejora del entorno en el que se desarrollan. Menos a menudo se alerta de que lo pueden ser también de retroceso -democrático en este caso- y no de conservación y protección del sistema de contrapesos que impide eventuales excesos del poder. En la praxis política del partido Fidesz en Hungría y de Ley y Justicia en Polonia anida el deseo de ostentar el poder absoluto que en el inmediato pasado de ambos países ejercieron regímenes comunistas, cuyo legado sigue vigente.

Las instituciones europeas deben prestar atención a lo que se cuece en Budapest y otras capitales. Que el grueso del trabajo de la UE se concentre en dar con la tecla que permita rescatar las economías nacionales del desastre, minimizando los costes y sin dejar a nadie por el camino, no debería impedir una reacción enérgica para preservar los pilares de la democracia allí donde se tambalean. Las declaraciones y las advertencias son necesarias, pero no suficientes, y el acervo legal de la UE permite hacer bastante más, una obligación ética extensible al Partido Popular Europeo, que demasiadas veces ha mirado para otro lado cuando Viktor Orbán se ha desbocado.