Casi 15.000 aragoneses se calcula que podrían pedir la devolución del impuesto de plusvalía pagado tras la venta de un inmueble con pérdidas en la transacción. Tras la sentencia del Constitucional, el Gobierno debe aprobar un cambio de la ley de haciendas locales para adaptarla al fallo judicial. Se puede abrir así una cadena de reclamaciones de imprevisible repercusión sobre las arcas municipales, aunque en Aragón se estima en 65 millones de euros.
