El Gobierno anunció el viernes su voluntad de replantear las relaciones entre el Estado y las comunidades islámicas en España. No puede proseguir la falta de cooperación con el segundo grupo religioso de nuestro país. Y la cuestión no puede abordarse desde una óptica puramente policial, como planteó hace días el ministro del Interior. El Ministerio de Justicia ha recibido ahora el encargo de establecer un marco con el islam similar al de otros países europeos: favorecer que la Comisión Islámica sea un organismo representativo y reconocido oficialmente -- con derecho a apoyo económico, al igual que otras confesiones--, y endurecer las normas de registro y control de las pequeñas comunidades que se muevan al margen de este paraguas institucional.

Son los propios musulmanes quienes quieren participar en este planteamiento de una alternativa, integrada en la sociedad y el sistema democrático, frente al islamismo fundamentalista que puede alimentar a grupos violentos. Después del 11-M, sería irresponsable que el temor a intervenir en un terreno delicado, protegido por el derecho constitucional de la libertad religiosa, impida defender otros igualmente básicos, empezando por la seguridad pública.