Desde la colaboración y lealtad institucional, el Ayuntamiento de Zaragoza ha venido trabajando con el Gobierno de Aragón en la aplicación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Durante el año pasado, los Servicios Sociales comunitarios municipales, gracias a una fuerte implicación de sus profesionales, gestionaron 5.348 informes y propuestas de Planes Individualizados de Atención, que fueron remitidos al Gobierno de Aragón, que es quien concede las prestaciones propuestas. Es una buena muestra del compromiso municipal en la puesta en marcha de una ley imprescindible para configurar un Estado de Bienestar digno de un país europeo; por más que ahora la derecha intente desacreditarla con argumentos difíciles de sostener.
Todo ello se hizo con mutua colaboración entre los servicios de la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza y en base al Acuerdo Marco entre ambas instituciones. En la actualidad, y a pesar de los numerosos intentos de esta consejería, no ha sido posible ni siquiera plantear la renovación de ese acuerdo, al no ser atendidas las demandas de negociación, con la incertidumbre que ello conlleva entre trabajadores y demandantes de servicios.
El partido que gobierna en Madrid y en Aragón ha decidido recortar por donde duele a los más débiles y eso va a tener repercusiones obviamente en Zaragoza.
En realidad, lo que hay en la voluntad y en los hechos del Partido Popular es un proyecto ideológico de recorte del Estado de Bienestar, amparándose en la situación económica. Se recorta en la Sanidad, en la Educación y en los Servicios Sociales. Es el tamaño del Estado y sus sistemas de protección de los más débiles lo que, al parecer, les molesta. Quien tenga dinero se podrá pagar lo que necesite, y el que no lo tenga no podrá acudir al papel redistribuidor y protector del Estado Social y de Derecho en el que queremos vivir.
En concreto, los zaragozanos deben saber que se anuncia un recorte de 200 millones de euros en la aplicación de la Ley de Dependencia. Por ello, los dependientes moderados tendrán que esperar hasta el 2015. Se reducen las prestaciones económicas de la dependencia en un 15%. Se retira el pago de la cotización a la Seguridad Social a los cuidadores no profesionales de la Dependencia, lo que es especialmente grave por ser ya un derecho conquistado que beneficiaba a muchas mujeres que ahora perderán su derecho a cotizar para cobrar una pensión el día de mañana. Se eliminan las compatibilidades entre servicios lo que significa que las personas que necesitan ayuda a domicilio, para poder acudir a un centro de día, deberán de pagarlo de su bolsillo. Se elimina la posibilidad de que los especialistas, en este caso, los trabajadores sociales que hacen el plan individualizado puedan señalar la prestación del entorno familiar como prestación más adecuada con carácter de prescripción técnica. En caso de marcar esta posibilidad la decisión la tomará la comunidad autónoma. Hay que tener en cuenta que si se impone la opción del servicio, el ciudadano o su familia tiene que pagar la diferencia entre la prestación y el coste de la residencia. La conclusión es que muchas familias no van a poder pagar esa diferencia y está por ver la solución que les van a dar.
Los actuales responsables criticaban la gestión del anterior equipo por haber gestionado con preferencia por las prestaciones económicas y por que no había ni ayuda a domicilio ni teleasistencia, pero un año después, sigue sin haber ni ayuda a domicilio ni teleasistencia. La verdad es que hay menos personas en nómina de dependencia que hace un año. Se han suspendido las altas, engrosando las listas de espera y poniendo a prueba la paciencia de numerosas familias afectadas. Ahora hay por lo menos 200 personas menos en plazas de centro que hace un año. Apenas se producen altas y a los centros asistenciales no se les reponen las bajas que se producen. Objetivamente, existe una pérdida de derechos de los usuarios y se crean graves dificultades a las entidades sociales y empresas que pierden ingresos y que no pueden sostener a sus respectivas plantillas.
Las familias zaragozanas deben de saber que los dependientes pueden esperar dos años a recibir su prestación. Hasta ese momento no se genera derecho. Es de facto, un retraso en la aplicación de la Ley de dos años. Y lo cierto, lo grave, lo lamentable, es que muchas personas van a morir antes de tener la oportunidad de recibir la prestación a la que tenían derecho según la ley.
