El Gobierno saliente ha sido mucho más activo en ejecutar recortes en el gasto social que en reducir el déficit público. Mientras que los recortes se han hecho de manera consciente, la reducción del déficit se ha dejado en manos de la evolución de los ingresos públicos asociada a la recuperación.
Si el déficit se disparó al inicio de la crisis como consecuencia, en gran parte, del desplome de los ingresos, se ha ido reduciendo luego al ritmo marcado por la recuperación de los ingresos tributarios vinculados al ciclo. La cuestión no tendría mayor importancia si no fuera porque somos el único país europeo que se mantiene dentro del procedimiento de déficits excesivos de la UE, el país con mayor déficit público (3,1% del PIB en 2017), muy por encima de la media de la eurozona (0,9% del PIB), el país con mayor déficit estructural, mientras tenemos una deuda pública 10 puntos superior a la media de la eurozona.
El objetivo de déficit público establecido por el Gobierno saliente para este año es del 2,2% del PIB. Pero, a estas alturas del año, nadie se lo cree: la Comisión Europea habla, antes de contabilizar las enmiendas aprobadas sobre el alza de pensiones, de que llegaremos al 2,6%; el FMI apunta al 2,5% y hasta la Autoridad Fiscal Independiente española considera dicho objetivo, de “improbable cumplimiento”. Las últimas cifras conocidas de la ejecución presupuestaria hasta marzo y, con la precaución debida, confirmarían que el ritmo de reducción del déficit es insuficiente para conseguir el objetivo marcado para este año.
No es aventurero pensar, pues, que cumplir el objetivo de reducción del déficit no formaba parte de las prioridades del Gobierno saliente. Desbordar, este año, el objetivo de déficit, tendría varias contraindicaciones. La primera, que los mercados financieros internacionales han recuperado su volatilidad entorno a la seriedad del proyecto del euro, como hemos tenido ocasión de comprobar hace una semana con la caída de las bolsas y el alza de la prima de riesgo asociada a los problemas políticos de Italia aunque con contagio en nuestro país.
La segunda, que estamos a las puertas de un endurecimiento de la política monetaria del BCE que se traducirá, más pronto que tarde, en un encarecimiento de la deuda. Por último que, iniciando como estamos una suave desaceleración del ciclo, sería inteligente recuperar espacio para una acción contracíclica del presupuesto de la que carecemos hoy en España.
Si el nuevo Gobierno quiere continuar lanzando las señales positivas a los mercados y a Bruselas que ha enviado con el nombramiento de los ministros, debería plantearse decretar ya una no disponibilidad de crédito de hasta el 10% del total de gasto a disposición de los ministerios, lo que le permitiría cumplir con el objetivo de déficit y crear un colchón que permita asumir algún otro gasto adicional que se plantee.
Dicho gesto debería, además, explicarse en términos de que el propósito del nuevo Gobierno no es gastar más, sino gastar mejor (eficiencia) y en otras cosas que el Gobierno saliente, al menos dentro de los estrechos marcos que deja la asunción de un Presupuesto ajeno. Mantener el techo de gasto constante en términos reales para 2019, reforzaría esta voluntad de demostrar que, como señaló el presidente Sánchez en la moción de censura, izquierda y rigor económico, no están reñidos.
El segundo déficit que debe recortarse con urgencia es el intolerable déficit social, sobre el que se acumulan fuertes evidencias. Citaré cuatro recogidos en la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España publicada esta semana por el Consejo Económico y Social: la tasa de riesgo de pobreza sigue en el 22%, solo superados por Rumanía y Bulgaria; somos el tercer país con la mayor tasa de riesgo de pobreza infantil; la protección a la familia está muy alejada de la media europea siendo, junto con Grecia, el país que destina menos dinero a ello; nuestra proporción de trabajadores pobres duplica la media de la eurozona.
Abordar estas cuestiones para responder a las expectativas ciudadanas positivas que ha despertado el nuevo Gobierno no es una cuestión, solo, de dedicar más recursos a estas políticas sociales. Hace falta, también, revisarlas y complementarlas ya que en España el diseño actual de transferencias sociales reduce la pobreza mucho menos que en otros países europeos. Recortar los déficits heredados, público y social, sin olvidar el tecnológico, serán los indicadores por los que se me medirá la gestión del nuevo Gobierno. Hay mucho por hacer.
*Exministro del PSOE
