Esta maldita pandemia ha traído muchas calamidades -la pérdida de vidas humanas es la más terrible, irremediable y dolorosa- y ha sumido a la mayoría de la sociedad española (y mundial) en unas profundas regresión y deflación económicas que a saber qué graves problemas acarrearán y cuánto durarán.

Es evidente que una de las consecuencias de esta crisis es la disminución de los ingresos públicos, dada la caída de recaudación de impuestos por el hundimiento de la actividad productiva.

Como el Tesoro público ingresa menos, en una política económica de corte ortodoxo parecería lógico recortar el gasto del Estado, pues de mantenerlo, solo cabría endeudarse más y más hasta extremos peligrosísimos e insoportables, o dejar una herencia envenenada en forma de deuda que hipotecará el futuro por mucho tiempo.

Pues bien, en esta tesitura, el gobierno de España, formado por un partido liberal de centroderecha como el PSOE y su coaligado Podemos, dirigido por socialdemócratas de salón bastante incompetentes (lo de que son socialistas y comunistas no deja de ser un eufemismo), planea aplicar recortes en políticas sociales y de igualdad, como ya insinúan algunos ministros como José Luis Escrivá, encargado de la Seguridad Social, que ha dejado caer que habrá que «moderar el gasto» (otro eufemismo para no decir «recortar») de las pensiones en 30.000 millones de euros, nada menos que tres puntos del Producto Interior Bruto. También se atisban recortes en Ciencia, Educación y Sanidad. Ojalá no se produzcan.

Es decir, se planean recortes en las prestaciones sociales, impropios de un gobierno que se autocalifica de «Izquierda y progresista».

Por el contrario, aumentan los gastos superfluos e indecentes, como el nada anecdótico de que el presidente del Gobierno vaya en helicóptero a inaugurar un tramo del AVE en la Comunidad Valenciana, o en asesores espurios, chiringuitos varios, portavoces inanes y «niñeras nivel 30».

Un gobierno solidario y ejemplar, que se preocupara de verdad por la gente y por quienes peor lo están pasando, comenzaría por recortar en propaganda, en sueldos de altos cargos de la Administración, de directivos de empresas públicas (Paradores, RTVE, Red Eléctrica), de funcionarios del grupo A (entre los que me encuentro) y de los de los propios políticos. Así lo propuse hace unos meses a la mesa de peticiones del Congreso; sigo esperando respuesta.

Sí, ya sé que todo esto es demagógico y tal y cual, pero qué quieren que les diga, es que hoy me he levantado un tanto populista.