El estallido de la crisis económica hace una década y las posteriores medidas de recortes sociales, así como la reforma laboral que impulsó el PP en los peores momentos de la recesión no solo se cebaron con los trabajadores, los sindicatos --como representantes de ese colectivo-- también se vieron afectados de forma implacable. En Aragón perdieron más de un 20% de afiliados y concitaron la desafección de buena parte de los asalariados en un periodo en el que las cifras de parados estaban desbocadas. Aunque los trabajadores no dejaron de afiliarse a las centrales, desde las mismas reconocen que en los peores años de la recesión había más bajas que altas. Afortunadamente, el proceso se está invirtiendo y desde el 2015, los sindicatos aragoneses han recuperado 600 delegados; bien es verdad que los actuales 9.700 distan bastante de los 11.000 que llegaron a tener en 2011, una cifra que es difícil alcanzar a corto plazo. La recuperación económica detectada en los últimos años y al mismo tiempo el mantenimiento de unas condiciones laborales en las que abunda la precariedad, temporalidad y bajos salarios están volviendo a fortalecer la implantación sindical, cuyas organizaciones hacen más visibles sus demandas sobre una redistribución de la riqueza que no llega a las clases populares. Los sindicatos, incluso en horas bajas, tienen que seguir representando la fuerza de los trabajadores frente al individualismo y la desunión.
