Zaragoza ha protagonizado un hecho sin precedentes en Madrid, con el recurso de inconstitucionalidad presentado por Zaragoza en Común (ZeC) y la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, a la cabeza, en defensa de la autonomía municipal y contra la privatización del saneamiento en Aragón. Un recurso que ha sido posible gracias a la oferta de 50 diputados de Podemos (a los que se han unido, en este caso, los dos de IU), para que los movimientos sociales tengan acceso al Tribunal Constitucional.
A principios de la pasada década, la UE, al tiempo que lanzaba una exigente legislación de saneamiento de retornos urbanos, financió a fondo perdido unas 40 depuradoras en Huesca, Teruel y las principales cabeceras comarcales. Por entonces, Zaragoza ya depuraba sus aguas, cargando el coste íntegro a sus vecinos.
LA ALARMA que supuso esta nueva legislación en muchos municipios se afrontó desde la DGA ofreciendo, e incluso forzando, la cesión de competencias locales al Gobierno autónomo. Así, en lugar de reforzar las capacidades de nuestros municipios, se secuestraron sus competencias y se privatizó el servicio por comarcas. No obstante, Zaragoza y algunos pueblos rebeldes, como Fabara, se negaron a ceder sus competencias.
Las empresas concesionarias debían buscar financiación y construir las depuradoras para luego gestionarlas durante 25 años, bajo la cobertura financiera de un impuesto sobre toda la población aragonesa: el llamado Impuesto de Contaminación del Agua (ICA). Sin embargo, en los municipios que no cedieron sus competencias, la gente ha seguido pagando sus servicios con la correspondiente tasa municipal. En este contexto, la Ley de Aguas de Aragón preveía negociar un convenio entre el Ayuntamiento y la DGA como condición para que Zaragoza se pudiera integrar en el sistema del ICA, sin violentar sus competencias en materia de agua y saneamiento, garantizadas por la Constitución Española.
La oscura estrategia privatizadora que puso en marcha el PAR, desde el Instituto Aragonés del Agua, ha llevado a sobredimensionar las depuradoras --hasta en un 1.000% en Zuera, por ejemplo-- y a usar tecnologías intensivas, inadecuadas, que encarecen de forma injustificable el servicio, lo que nos ha llevado a un coste medio en Aragón de 1,5 euros por metro cúbico depurado, mientras en Rioja o Navarra tal coste es de 0,14 euros. Y ello a pesar de que la Administración General del Estado recomienda explícitamente las tecnologías "extensivas" en municipios con menos de 3.000 habitantes. Un buen ejemplo nos lo ofrece Fabara, donde habiéndose previsto un proyecto de 2,4 millones, con un coste de gestión de 300.000 euros/año, el ayuntamiento acabó construyendo una depuradora eficaz, con tecnología extensiva, por 235.000 euros, con un coste de gestión de 13.000 euros/año.
La estrategia diseñada preveía repartir discretamente estos desmesurados, innecesarios y sospechosos costes en la masiva población de Zaragoza, a través del ICA. Por otro lado, mientras los municipios con depuradoras financiadas con fondos europeos pagan con el ICA hasta seis veces lo que les costaba gestionar esas depuradoras, antes de privatizar su gestión, en las comarcas donde no se han construido las depuradoras comprometidas, los vecinos, no solo pagan desde hace siete años el ICA, sino que, además, se ven obligados a pagar el máximo canon de vertido a la CHE, por no depurar. Varios cientos de municipios aragoneses, en suma, literalmente estafados.
A PESAR DE TODO ello, este oscuro negocio privatizado está al borde del colapso. En estas circunstancias, la DGA decidió suprimir el convenio preceptivo con el Ayuntamiento de Zaragoza para intentar imponer el cobro del ICA a sus vecinos y vecinas desde ya. Con la supresión de dicho convenio, en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos de la comunidad, los zaragozanos empezarían a pagar este año 12 millones de euros más de lo que vienen pagando, cantidad que en años sucesivos se elevaría a 16 millones. Es decir, un 60% de incremento, haciendo tabla rasa, para colmo, de los 323 millones pagados ya por los vecinos, sin subvención alguna.
Con este recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno de la ciudad de Zaragoza, ZeC, y RAPA salen en defensa, no solo de los zaragozanos y zaragozanas, sino de los cientos de municipios de Aragón que están siendo estafados con el actual ICA, mientras se sigue eludiendo desde la DGA esa auditoría económica del IAA y del Plan de Saneamiento, desde su creación, a la que se comprometieron, junto a Podemos, IU, Equo y ZeC, los partidos que gobiernan en la DGA.
Diputado al Congreso de Podemos por la provincia de Zaragoza
