El Gobierno central debería aplicar un factor de corrección a favor de provincias como Teruel en la aplicación de la reducción de emisiones de CO2 por el protocolo de Kyoto. El impacto sobre la economía provincial de cualquier ligera disminución de la actividad en el complejo térmico de Andorra supondría un mazazo mucho mayor que en otros territorios más diversificados y con más opciones de empleo y de generación de riqueza. Como ocurre en otras materias, no se puede hacer tabla rasa con un espacio, el turolense, que muestra evidentes fragilidades y que por tanto requiere de un trato favorable cuando de repartir cargas se trata.
