Quedan apenas tres meses para que la ciudadanía sea llamada a las urnas para aprobar en referéndum el Tratado constitucional de la Unión Europea y apenas nadie conoce ni siquiera superficialmente el contenido de dicho Tratado. Se trata de un documento de 349 páginas, acompañado de unos protocolos y anexos de otras 382 páginas. Supongo que no va a ser buzoneado como se hizo en 1978 con la Constitución española. Quizá por eso la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas aporta datos tan concluyentes como que el 91% de los encuestados tiene un conocimiento bajo, muy bajo o nulo de la llamada Constitución europea, siendo particularmente grave que el 32% reconozca no tener ningún conocimiento. A pesar de lo cual, el 43% dice que seguro que va a votar en el referéndum y el 27% que probablemente lo hará, aunque las recientes elecciones al Parlamento Europeo ya nos demostraron que una cosa es responder a un encuestador y otra muy distinta acudir el domingo al colegio electoral.

Por tanto, en el mejor de los casos, el 70% de los españoles iría a votar, aunque, al parecer, sólo un 8,5% tendría un buen conocimiento del texto que se somete a votación. ¿En qué conocimiento basarán esos ciudadanos su opción de voto? ¿Se dejarán llevar por la campaña institucional, que previsiblemente, más que informativa, va a ser proactiva a favor de la ratificación? Tengo la sensación de que apenas cien días (y con el parón navideño por en medio) no van a ser suficientes para informar debidamente a la sociedad española. Me temo que el Gobierno español está más preocupado por evitar el ridículo de un nivel de participación mínimo, como el del 13 de junio, que por garantizar que los votantes sepan lo que votan y por qué lo votan.

ANTE EL CIS los encuestados (el 53%) han culpado de su desinformación al Gobierno y a los partidos. Aunque, una vez que los partidos mayoritarios han decidido que no habrá subvenciones para las campañas informativas que puedan realizar las distintas fuerzas políticas, siendo conscientes de la escasez de medios de éstas tras los últimos procesos electorales, queda claro que la responsabilidad de difundir el Tratado compete fundamentalmente al Gobierno, lo que le obliga aún más a mantener cierta neutralidad en cuanto a la valoración del texto y al sentido del voto.

En este contexto, resulta difícilmente justificable el empeño del Presidente Rodríguez Zapatero en ser el primer Estado de la Unión que ratifique la Constitución el referéndum. ¿Por qué el 20 de febrero de 2005, si tenemos dos años para ratificarlo? ¿Quién tiene tanta prisa? Hay malpensados que creen que Zapatero busca un cierto respaldo plebiscitario a su primer año de gobierno. Si no es por eso, si no se busca pillar al PP con el paso cambiado (influido todavía por las atroces críticas de Aznar a este Tratado mientras defendía lo acordado en Niza), no se entiende por qué se convoca la consulta popular con tanta premura, con tan poco margen de tiempo para informar debidamente a la ciudadanía. Incluso la polémica sobre el encaje de la Constitución europea en la Constitución española podría aconsejar retrasar el referéndum, en espera de que el Tribunal Constitucional, lentísimo por lo general, lo estudie todo bien y lo dictamine con el rigor que la ocasión merece. Pero no, ni siquiera esa incertidumbre jurídica ha podido apartar a Zapatero de su fijación por el 20-F.

VAYA POR delante que a la gente de Chunta Aragonesista nos gusta que aquí estas cosas se decidan en las urnas y no con una simple votación parlamentaria, como acaba de hacer Lituania, por ejemplo.

Pero nos parece más riguroso que se pongan los medios para que la ciudadanía acuda a votar sabiendo qué se vota, conociendo el texto constitucional y comparando las razones de unos y otros para poder discernir el sentido del voto. No creo que Europa se pueda construir sin la gente. Al menos no la Europa que queremos desde la izquierda.

Y, sin embargo, la ciudadanía europea ha estado ausente de todo el proceso. No nos hallamos ante una Constitución democrática elaborada por un Parlamento elegido, sino ante un Tratado elaborado a instancia de los gobiernos de los Estados miembros, aprobado por ellos, y que ahora se somete a la voluntad popular, amenazando con el abismo (o con Niza) si no se ratifica. Quienes queremos más Europa, quienes defendemos el protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas, la Europa social y el respeto a la diversidad de culturas y naciones, no podemos sentirnos satisfechos con este Tratado.

Por eso, debemos abrir un debate de verdad sobre la construcción europea, sobre las formas de este proceso y sobre el fondo del texto que se somete a aprobación. Estoy convencido de que en el Sí encontraremos importantes críticas al Tratado, igual que en el No hallaremos una sólida vocación europeísta. Valdrá más la pena lo que dé de sí ese debate que miles de votos de personas que no se hayan leído la Constitución europea.

*Secretario de Comunicación de CHA y diputado de las Cortes de Aragón