El informe de los expertos presentado el viernes en Madrid sobre el que se cimentará la reforma fiscal prometida por Mariano Rajoy ha provocado expectación y no poca inquietud por cuanto propone cambios importantes para un sistema recaudatorio que pide a gritos un cambio. La filosofía general del grupo de expertos comandado por el catedrático Manuel Lagares plantea que la recaudación pública descanse más en el gasto de los contribuyentes (incremento del IVA y otros impuestos indirectos) y no tanto en el ingreso (relajación del IRPF y de las cotizaciones sociales).
Se trata de un informe que encierra una apuesta ideológica, en línea de un modelo liberal que se ha impuesto poco a poco en la Europa comunitaria, cuya aplicación íntegra provocaría serias dudas. Y lo haría porque el dictamen no aborda con suficiencia los asuntos clave que necesita la política hacendística en España: el aumento de las bases fiscales y una mejor redistribución de la riqueza, en un país con datos alarmantes de fraude y de economía sumergida en el que durante la crisis se ha ampliado la brecha entre desheredados y acaudalados, sin ser capaz de elevar sus índices recaudatorios gravando fortunas opacas.
EN ESPAÑA, en todo caso, las cuentas no salen, por lo que la necesidad de una reforma fiscal es irrefutable. No así sus efectos, sobre todo si Cristóbal Montoro asume toda o casi toda la receta formulada por los expertos. Ya se comprobó hace solo dos años, con un aumento de los tramos y las cuantías del citado IRPF que no consiguió incrementar la recaudación pública al nivel esperado como consecuencia de la caída en picado de la actividad y la consiguiente destrucción de empleo. Es lo que puede ocurrir si el ministro hace suyo los planteamientos extremos del informe, como el relativo al gravamen por tenencia en propiedad de una residencia habitual, toda una aberración en un país con indigestión de ladrillo. Ahora bien, el comité de sabios formula planteamientos bien interesantes respecto, por ejemplo, de la exención impositiva directa para quienes tengan un sueldo por debajo de los mil euros mensuales. La propuesta de Lagares, por tanto, ni puede ser asumida al pie de la letra por el Gobierno ni merece una enmienda a la totalidad. Más allá de la filosofía general, las decenas de propuestas alternan luces y sombras.
No obstante, antes de evaluar los efectos de la nueva fiscalidad que finalmente se apruebe para su puesta en marcha en el 2015, conviene repasar lo ocurrido desde las últimas elecciones generales a esta parte, desde que el PP accedió a la Moncloa. Además de una etapa de ajustes, recortes y podas indiscriminadas, se ha producido tal incremento de la presión fiscal directa, indirecta o inducida sobre los ciudadanos que merece una redistribución real y urgente de las cargas. No sirve el truco de asegurar ahora que el año que viene se reducirán los impuestos a los españoles. ¿Respecto de qué fecha? La referencia para el Ejecutivo de Mariano Rajoy hay que fijarla necesariamente en diciembre del 2011. Y desde entonces, la retahíla de estacazos ha sido tan intensa que ya nadie se traga esa letanía de la bajada de impuestos en un país empobrecido. El PP se hartó de afirmar mientras estuvo en la oposición que prefería el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, hasta que llegó al poder y la sacrosanta consolidación fiscal le hizo comulgar con ruedas de molino.
A saber, en materia impositiva se subió el IVA general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10%, y el de la vivienda del 4% al 10%. En el IRPF, se aplicó un incremento por tramos, con imposiciones desde el 0,75% hasta el 7%. El gravamen sobre las rentas del ahorro subió entre el 2% y el 6%, con una tasa aún más gravosa para las inversiones a corto plazo en la bolsa. Y el IBI hasta un 10% en el IBI para millones de viviendas; y los impuestos especiales sobre el tabaco y la gasolina, y la nueva tributación para premios de Loterías y Apuestas del Estado, y el copago de los medicamentos, y la energía, y las tasas judiciales para pleitos civiles... Todo ello a una población devaluada económicamente, con pensionistas mediocongelados, funcionarios con pagas extras reducidas, parados con menos prestación, autónomos asfixiados, pequeñas empresas sin crédito para seguir tirando y empleados asaeteados por reducciones salariales y convenios a la baja.
De modo que aunque se quiera vestir de bajada de impuestos por el PP, mucho tendrá que avanzar la reforma fiscal del año que viene para retrotraernos al punto en el que nos encontrábamos cuando se produjo el cambio de gobierno. Es imprescindible el propósito de enmienda en la legislatura de los mandobles impositivos. Otra cosa es que sea posible, con el ojo de la Troika apuntando a España de modo permanente y obsesivo, con el déficit aún alto y con una deuda pública camino del 100% del PIB, que el PP se convenza de que tiene que acompañar la reforma fiscal de otras medidas.
