Cada vez que el Gobierno de coalición anuncia un cambio en la reforma laboral del PP del 2012,varios organismos, desde la CEOE, pasando por la OCDE, el FMI, el Banco de España o algún experto de la UE, saltan a los medios reclamando su mantenimiento a la par que exaltan sus bondades en la creación de empleo y la recuperación económica.

Sin embargo pocos datos objetivos respaldan tanta euforia, todo lo contrario. En estos siete años el número total de trabajadores (con datos de la EPA del IV trimestre del 2019) no llega a los existentes antes de la reforma (todavía faltan 786.000). La temporalidad se mantiene ( era del 26% y sigue en ese porcentaje con mayor incidencia ahora en el sector público que en el privado). El sueldo medio de los trabajadores apenas ha crecido en 100 euros de media (el 4%) mientras la inflación casi lo dobla. Los sueldos de los trabajadores a jornada completa que están rozando los 1.000 euros (mileuristas) suponían en el 2012 un tercio de los ocupados, y ahora representan el 60% (16 millones) en esta situación.

Los trabajadores pobres se cronifican, tenemos casi un millón más que hace siete años, y según datos de la OIT el 13% (2,6 millones) de los trabajadores españoles viven actualmente por debajo del umbral de pobreza, con clara incidencia en los temporales( el 22%). En la UE solo nos superan Grecia con el 17% y Rumanía con el 24%.

Por contra, los principales ejecutivos del IBEX 35 mejoraron sus retribuciones, que llegan a suponer 123 veces más que la media de sus empleados en el 2019.

La reforma hecha a medida de la CEOE, tenía como objetivo trasladar a costes laborales los efectos de la crisis, devaluando al interior de las empresas, las condiciones de trabajo y los salarios, posibilitando así mejorar competitividad y crear empleo más precario, más barato y más desregulados, con un crecimiento de apenas el 1% del PIB. Rompiendo así el tradicional criterio de aumentar la ocupabilidad con crecimientos superiores al 2%.

El trabajo de importantes despachos laboralistas madrileños y catalanes, en colaboración con la extinta CiU y fundaciones vinculadas a entidades financieras como Fedea, entonces comandada por Luis Garicano, hicieron el trabajo de aliño al que incorporaron en la recta final al PNV. Presentándola como imprescindible para crear empleo y sujetar la crisis consiguieron una mayoría aplastante en las dos cámaras y que en algunos sectores sociales se asumiese como «un mal menor».

Pasado el tiempo, los efectos son demoledores: las desigualdades se han acentuado, la recuperación no se traslada a las condiciones de trabajo, la cohesión social está rota, las arcas de las pensiones vacías, los servicios públicos tocados, y una generación de jóvenes solo conoce los horrores de sus efectos.

Desde que la negociación colectiva se desarrolló en todas sus dimensiones hasta esta reforma, ha habido innumerables etapas de crisis; derivadas del alza del petróleo, de las reconversiones industriales, de problemas energéticos, de la competencia de los países emergentes, de las empresas puntocom, por la entrada en el mercado común, por la utilización del euro... Todas han tenido efectos sobre el mercado de trabajo y han conllevado reformas del mismo, pero en todas ellas el mecanismo de la negociación colectiva como recuperación de derechos y fuente de redistribución de beneficios ha funcionado, reparando heridas y buscando alternativas.

Es más, ha sido fundamental para el ensanchamiento y mantenimiento de la clase media sobre la cual se cimentó la transición y la democracia en este país. El descenso de la misma, (representaba casi el 65% antes de la crisis y en el 2019 ha descendido al 50%) es una de las claves del auge de los populismos en España y en toda la UE.

Esta reforma asfixia la negociación colectiva y devalúa sus efectos, convirtiéndola en un instrumento más para el beneficio y la competencia de la empresa. Por eso hemos pasado de los 6.000 convenios negociados en 2009 con una afección de casi 12 millones de trabajadores, a apenas 3.500 en la actualidad, y apenas 7 millones de beneficiarios.

No es «buen negocio» seguir con ella, fomentando las desigualdades y la pobreza en amplios sectores de la sociedad, las tensiones serán constantes, el consumo menor, la productividad más baja y la competitividad basada en los bajos salarios no tiene fronteras. Es preciso recomponer la cohesión social y la primera barrera a romper es la Ley3/2012.

Decía Warrem Buffett, una de las mayores fortunas del mundo: «Hay lucha de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la clase de los ricos, la que está luchando y estamos ganando».