El proyecto de nueva Ley Judicial que el Consejo de Ministros aprobó el viernes generó notable polémica desde poco después de divulgarse sus líneas maestras. Se trata de una normativa que va a cambiar profundamente el funcionamiento de la Justicia, un sector cuyo prestigio ha sufrido en los últimos años un notable deterioro, paralelo al de la política. Y a juzgar por las primeras reacciones de asociaciones judiciales de signo dispar, el proyecto va a suponer precisamente una mayor politización de la Justicia.
Por encima de todo, lo más llamativo es que a partir de ahora la Reina y los Príncipes van a gozar de los beneficios del aforamiento. Se trata de un privilegio que ya tienen en España unas 10.000 personas (los propios miembros de la judicatura, ministros, diputados, senadores, parlamentarios autonómicos...), una cifra muy alta en comparación con los países de nuestro entorno. No parece que cuando el caso Nóos, que afecta a la infanta Cristina y su marido, está vivo en los juzgados, sea el momento más oportuno para incorporar a personas de la familia real al disfrute del aforamiento. Puede que sea una medida que tenga sentido, pero no que sea urgente, ni sobre todo, que vaya a contribuir a mejorar la imagen de la Monarquía.
La otra medida que despunta en el proyecto es la instauración de tríos de jueces para la instrucción de grandes casos en los que haya muchos imputados, y siempre en los asuntos que vea la Audiencia Nacional.
El ministro Alberto Ruiz-Gallardón asegura que esta dirección colegiada aumentará las garantías procesales y agilizará los procedimientos, pero desde la judicatura ya han surgido voces que auguran el efecto contrario: más facilidad del poder político para controlar la instrucción de asuntos incómodos y más retrasos.
No menos inquietud causan las mayores restricciones que tendrán los jueces y las asociaciones profesionales para comentar críticamente sentencias y resoluciones, una limitación de la libertad de expresión que también afectará a los ciudadanos. Y por si fuera poco, la reforma prevé la creación de tribunales de instancia provinciales, lo que según se ha denunciado ya vulnera gravemente las competencias autonómicas. En suma, un abanico de propuestas que deberán ser analizadas con calma cuando el proyecto se debata en el Congreso. España no puede permitirse una Justicia peor ni menos creíble.
