La intención del PP de modificar la ley electoral para garantizar que gobierne en los ayuntamientos la lista más votada, disfrazándola de una elección directa del alcalde, está recibiendo las críticas y el rechazo más tajante desde toda la oposición. En Aragón, ni el socio de Gobierno, el PAR, se muestra partidario de la fórmula. Los populares calibraron inicialmente que la propuesta sería bien acogida por la ciudadanía, pero la respuesta negativa de todo el arco político y el afianzamiento de la percepción de que el PP intenta mantener determinadas alcaldías con la iniciativa tras los movimientos electorales detectados en las pasadas europeas dejan la pretendida imposición con una difícil defensa. Cualquier reforma electoral debe proceder de un amplio consenso y alejarse de criterios que puedan ser considerados partidistas.
